Buenos Aires, 8 ene (EFE).- La asociación de magistrados con competencia en el sector de la niñez y la adolescencia de Argentina mostró hoy su rechazo a la bajada de la edad punitiva a los 15 años planteada por el Gobierno al considerar que "no va a solucionar la cuestión de seguridad" ni va a ser "beneficiosa para los chicos".
El secretario general La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), Gustavo Daniel Moreno, aseguró en una entrevista a Efe que "el derecho penal nunca le va a solucionar la vida a nadie, ni a los adultos ni a los chicos".
Asimismo apostó por atacar el problema de la delincuencia juvenil desde otro ángulo.
"Los niños que cometen la mayoría de los delitos, está comprobado, son pobres y son delitos contra la propiedad, con lo cual necesariamente hay que trabajar en la educación, salud, en la promoción social o en los sistemas de protección integral", aseguró.
El magistrado lamentó que el Gobierno "no haya mostrado el proyecto de ley" y que se hayan limitado a anunciarlo sin dar todos los detalles.
"Hoy lo único que tenemos claro es que el Gobierno anunció la baja de la edad, ni siquiera anunció los demás elementos del proyecto (...) Yo creo que lo van a presentar directamente (al Parlamento) y hasta ese momento no lo van a dejar ver", destacó.
En caso de que el proyecto sea ratificado en la próxima sesión extraordinaria del Parlamento, anunció que planean interponer "planteos de inconstitucionalidad" ya que se trata de una medida "regresiva".
"Es una medida absolutamente regresiva y contradice las propias recomendaciones de Naciones Unidas, está violando el principio de progresividad y de no regresividad, que son principios que están incorporados en instrumentos internacionales de derechos humanos", afirmó.
Moreno se mostró crítico con la elaboración del proyecto de ley ya que "no dejaron participar" a los magistrados en la mesa de negociación final, quienes ya habían mostrado su rechazo cuando se elaboró el anteproyecto en 2017.
"Tuvimos una reunión ahí (2017) en la que participaron miembros de la asociación y donde de los integrantes de esa comisión, cerca de 50 personas, solamente tres votaron la baja de la edad, mientras que todos los demás fueron contrarios", subrayó.
En su opinión, el Gobierno debería tomar otras medidas vinculadas a la "redistribución de la riqueza", ya que "la mayoría de los chicos que cometen delitos en Argentina son pobres, son varones, pertenecen a sectores sociales bajos, con adultos con poca calificación laboral y con familias muy complicadas".
Además recordó los datos proporcionado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que aseguran que el país tiene "un 48 % de niños pobres".
En este sentido considera "contradictorio" que en los últimos presupuestos votados por el Congreso se incluyan recortes en "educación y salud" y argumenta que "la reforma va a tener un costo de nuevos jueces, de nuevos juzgados y de equipos técnicos que no está previsto en el presupuesto".
Por otro lado, afirma que la asociación pretende realizar "una crítica positiva y negativa del proyecto", puesto que hay algunos puntos que considera aprovechables.
"Positivo es contemplar medidas alternativas al encierro o prever que el encarcelamiento sea la última opción para cualquier chico, eso que también está anunciado aparece como positivo", declaró.
Otra de las medidas positivas sería la instauración de un "régimen socioeducativo" que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que basado en las experiencias de otros países "han corregido" las orientaciones delictivas de los más jóvenes.
En lo que están de acuerdo el Gobierno y los magistrados es en la necesidad de "hacer algo" con los delincuentes que están por debajo de la edad penal.
"Nosotros creemos que hay que hacer algo con los niños no punibles, el Estado tiene una obligación (...) El derecho penal no debe perseguir a los chicos menores de 16 años pero alguna autoridad judicial debe encargarse de estos chicos", sentenció.