Brasilia, 23 abr (EFE).- La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja de Brasil decidió por abrumadora mayoría que la propuesta de reforma del régimen de jubilaciones presentada por el Gobierno de Jair Bolsonaro se ajusta a las normas constitucionales y puede tramitarse en el Parlamento.

La votación, en la que finalmente el oficialismo se impuso por 48-18, fue obstaculizada hasta último momento por la oposición de izquierdas, que intentó todas las maniobras posibles para impedirla, sobre todo debido al secreto impuesto por el Gobierno en torno a algunos estudios económicos en que se apoya el proyecto.

Esas maniobras, permitidas por las reglas internas de la Cámara de Diputados, habían impedido que la votación se realizara la semana pasada, con lo cual la oposición ganó algo de tiempo, aunque sus esfuerzos no prosperaron, pese a que sirvieron para prolongar la sesión de este martes durante casi nueve horas.

La Comisión de Constitución y Justicia era el primer obstáculo para la reforma propuesta por Bolsonaro, que plantea endurecer las normas para el acceso al actual sistema de jubilación, que sería luego sustituido por un régimen de capitalización individual.

El diputado Marcelo Freitas, instructor del caso y miembro del Partido Social Liberal (PSL), que fue la plataforma electoral de Bolsonaro, defendió la constitucionalidad del proyecto y, en línea con el Gobierno, sostuvo que es la "única alternativa" para acabar con el crónico déficit fiscal brasileño.

El proyecto, presentado por el Gobierno como una enmienda a la Constitución, plantea endurecer gradualmente el acceso al actual régimen de reparto, en el que el Estado gestiona las contribuciones de los trabajadores y las distribuye entre los jubilados.

En un plazo de unos diez años, la propuesta avanza hacia una sustitución total de ese sistema para adoptar un polémico régimen de capitalización individual privado, similar al chileno, en el que la jubilación dependerá de lo que cada trabajador haya podido ahorrar a lo largo de su vida.

Una vez convalidada la constitucionalidad del proyecto, el paso siguiente será en otra comisión, que será formada para discutir el asunto desde el punto de vista político y económico.

El oficialismo espera instalar esa comisión esta misma semana, a fin de que comience un debate que, según cálculos de la Cámara de Diputados, pudiera demorar unos dos meses.

En caso de aprobada, la propuesta llegaría al pleno de la Cámara Baja y, solo si fuera respaldada por una mayoría calificada, sería entonces discutida en el Senado, que tendría la última palabra.

Según el Gobierno, la reforma propiciará al Estado un ahorro de unos 265.000 millones de dólares en una década, con lo cual acabaría el crónico déficit fiscal que se registra desde hace años y serían liberados recursos para la inversión en áreas esenciales, como salud y educación.

La oposición, sin embargo, sostiene que ese déficit pudiera ser superado con otras medidas de corte fiscal, y no con la "miseria" a la que serán "condenados" los trabajadores si se adopta un régimen de capitalización individual.

La diputada comunista Jandira Feghali hasta presentó un recurso a la Presidencia de la Cámara Baja solicitando que la votación fuera suspendida, pero también fracasó, pese que fue respaldado por 133 de los 513 parlamentarios.