Caracas, 16 mar (EFE).- La oposición de Venezuela informó este martes que remitirá a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet, un informe detallando el asesinato de la joven Daniela Figueredo a manos de un funcionario policial cuando se encontraba bajo custodia del Estado.
"Vamos a elaborar un informe sobre esta situación que acaba de ocurrir (...) y vamos a enviarle una comunicación a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU", anunció el opositor Williams Dávila.
El informe, que todavía se encuentra en fase de elaboración, también será remitido a la Oficina de la relatora para las Personas Detenidas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una instancia que Venezuela abandonó en 2013.
"Vamos a elevar esta denuncia ante estos organismos internacionales porque el mundo tiene que darse cuenta de que aquí en Venezuela lo que tenemos es una dictadura horrenda, una dictadura que permite que estos hechos ocurran en las cárceles", agregó Dávila.
La ONG local Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos de los detenidos, denunció el domingo en un comunicado que Figueredo murió de un "disparo accidental" en el rostro cuando un funcionario de la Policía de Zamora -Guatire, cercano a Caracas- manipulaba su arma de reglamento dentro del calabozo.
En el mismo documento, la organización señaló que el hecho ocurrió en una celda en la que permanecían siete reclusas y que estas denunciaron tras el suceso que son "hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales" con funcionarios de ese cuerpo policial.
"Esto pone en evidencia la podredumbre de un sistema en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano", agregó Dávila al dar como cierto que Figueredo sufrió un "amedrentamiento" previo a un intento de violación antes de recibir el disparo.
Por su parte, la exdiputada Marianela Fernández calificó el hecho como "abominable" al tiempo que aseveró que la violación de reclusas en las cárceles de Venezuela "se ha convertido en la práctica de muchos funcionarios policiales", aunque no ofreció pruebas de esta denuncia.
"Valiéndose de las armas y del sentido de indefensión de las víctimas sacan lo peor de sus instintos hostigando y obligando a las detenidas a otorgarles favores sexuales so pena de ser maltratadas", agregó Fernández.
Los exdiputados emitieron estas declaraciones durante una sesión de la comisión delegada, un cuerpo que se activa cuando el Parlamento entra en receso, pero que el líder opositor Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino, puso en marcha para mantenerse al frente del Legislativo, pese a que su mandato expiró el pasado 5 de enero.