Río de Janeiro, 16 dic (EFE).- Brasil corre el riesgo de sufrir tragedias similares a las ocurridas en noviembre pasado en la ciudad de Mariana, en donde la ruptura de un dique con residuos mineros dejó 16 muertos y 3 desaparecidos, advirtió hoy un Grupo de Trabajo (GT) enviado por las Naciones Unidas al país.

Tras una visita de 10 días a Brasil, el Grupo de Trabajo divulgó este miércoles un informe en el que alertó sobre el «riesgo de ruptura» de otras presas, denunció la falta de respeto de las empresas a los derechos humanos y citó los problemas que enfrentan los defensores de los derechos humanos en el país.

El colectivo, especializado en Empresas y Derechos Humanos, hizo hincapié en las amenazas constantes que enfrentan los indios en su día a día.

Incluso siendo el 0,4 % de la población de Brasil (900.000 personas), estos colectivos todavía no disponen de una correcta protección de los territorios en los que residen y tan solo el año pasado llegaron a registrarse 138 asesinatos de indios, según el informe.

Seis semanas después del que es considerado como el mayor desastre ambiental en la historia de Brasil, el organismo advirtió sobre la necesidad de que el país equilibre los intereses de las empresas con los de la población.

El desastre ambiental fue generado por la ruptura de dos presas de la mina Samarco y el consecuente vertido de 62 millones de metros cúbicos de agua y residuos minerales.

«Brasil necesita encontrar un equilibro mejor entre intereses económicos y protección de derechos humanos en la búsqueda de su crecimiento económico», advirtió Pavel Sulyandziga, vocero del GT de la ONU en el informe.

Según el documento de la ONU, tan solo en el estado de Minas Gerais, en donde se produjo la tragedia, hay 40 presas (de 735 registradas) calificadas como «inseguras», dos de las cuales, las de Santarém y Selinha, «presentan riesgos» de ruptura.

Los miembros del grupo «exhortan» a las autoridades competentes a que tomen «acciones inmediatas para reforzar las medidas de seguridad».

En el caso del accidente en la ciudad de Mariana, el organismo pide a las autoridades federales y regionales que asuman «un papel más activo en respuesta al desastre», ya que «el Estado es el principal garante del respeto a los derechos humanos de las comunidades afectadas», tal y como indicó en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Asimismo, el GT denunció la gestión de las obras de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, que, así como ocurrió con las obras para el Mundial de fútbol de Brasil 2014, no respetan los derechos de las personas que residían en los barrios donde se realizaron las construcciones y que fueron desalojadas.

En conclusión, el organismo de la ONU afirma que las empresas brasileñas todavía no saben cómo aplicar las normativas para respetar los derechos humanos y promover la protección de los más necesitados.

Por ello, consideran que hay «una laguna en la incorporación e implementación en nivel operacional a lo largo de las cadenas de suministro».

El grupo, sin embargo, se muestra optimista ante la promesa del Gobierno de desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos, que representa «la oportunidad ideal para mejorar el diálogo y la articulación de las varias partes interesadas».

El organismo, por otra parte, pidió más protección para aquellos interesados en aplicar los derechos humanos, que a veces incluso ven peligrar su vida.

El objetivo de la visita, que llevó al grupo por las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Mariana, Altamira y Belén, fue dar «apoyo a los esfuerzos del Gobierno, de las empresas y de otras partes interesadas» para la correcta aplicación de los Principios Guías de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Los peritos, originarios de Gana, EE.UU., Chile y Rusia, presentarán sus observaciones y «recomendaciones concretas» de su viaje, el primero a un país de Latinoamérica, en la 32 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en junio de 2016.