Lima, 15 abr (EFE).- Las protestas en Perú contra el proyecto minero Tía María, de la firma Southern Copper Corporation, de capital mexicano, en la provincia sureña de Islay, cumplieron hoy 24 días, en lo que constituye otra muestra de los conflictos sociales que generan en el país algunos de estos ambiciosos planes.
El conflicto por el proyecto de cobre en el sur de Perú es uno de los 211 conflictos sociales registrados hasta marzo por la Defensoría del Pueblo, que en su mayoría responden a quejas por temas socioambientales de actividades extractivas.
Durante los primeros días de protesta hubo violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía que han dejado decenas de heridos y daños en entidades públicas, como la estación de bomberos de Cocachacra, que resultó parcialmente destruida.
El transporte público, las clases escolares y el funcionamiento de mercados están suspendidos en varios distritos de Islay, ubicada en la región de Arequipa, por decisión de sus alcaldes y los dirigentes del Frente de Defensa del Valle del río Tambo, que exigen el retiro del proyecto.
Para el 22 de abril, otros 12 gremios de Arequipa han anunciado unirse en solidaridad con Islay en un paro de 24 horas.
Los opositores al proyecto Tía María afirman que la futura mina de cobre contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo, a pesar de que la empresa ha aclarado que usará el agua de mar desalinizada en sus operaciones.
Tía María producirá 120.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, con una inversión de 1.400 millones de dólares de Southern Copper Corporation, de capital mexicano, y el inicio de sus operaciones está previsto para 2017.
El ministerio de Energía y Minas tiene una cartera de 51 grandes proyectos, en distintas etapas de desarrollo, por cerca de 64.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales (73 %) están dedicados a la explotación de cobre y el 14,8 % están ubicados en Arequipa.
Entre esos proyectos están Toromocho de la empresa Chinalco, con una inversión de 3.500 millones de dólares; Las Bambas, de la empresa china MMG por 10.000 millones de dólares; y Constancia, de la canadiense Hudbay, por 1.800 millones de dólares, de acuerdo con las cifras oficiales.
"Teníamos en el portafolio a Tía María y yo quiero creer que va a progresar, pero no me gustaría que ocurra lo que pasó con Conga", declaró a Efe el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos.
El proyecto aurífero de Conga fue suspendido en 2012 por Newmont, después de enfrentamientos en Cajamarca que causaron cinco muertos, y que, según Gálvez, está en una región que tiene recursos en cobre y oro por más de 12.000 millones de dólares.
El presidente gremial opinó que la expectativa sobre la minería este año, a pesar de los proyectos en marcha, "no es de gran crecimiento porque tampoco" se está "invirtiendo lo que se tiene que invertir en exploraciones".
Gálvez afirmó que "el impacto de las dificultades que puedan haber por estos momentos, seguramente impactarán a este y al próximo año" en el sector.
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, declaró el martes en Arequipa que "el Gobierno tiene la intención de solucionar el conflicto de Tía María" y que acudirá a dialogar con los opositores "las veces que haga falta para sacar adelante este proyecto".
Sin embargo, Gálvez criticó que "el Estado aparezca a último minuto, en una mesa de desarrollo, cuando los conflictos se crearon" y agregó que hay "un irrespeto absoluto por el Estado y por la ley".
Desde otro punto de vista, el investigador de la organización ambiental CooperAcción, José de Echave, opinó que "da la sensación de que el Estado no tiene la capacidad de intervención de una manera multisectorial" y que tiene una estrategia "muy reactiva".
De Echave dijo a Efe que la gente de Islay "tiene la sensación de que Tía María va a ser el inicio de un conjunto de 10 proyectos que van a haber en la misma provincia y que irán desplazando toda la actividad agrícola tradicional en el valle".
El también exviceministro de Gestión Ambiental declaró que hay posiciones extremas, entre los opositores a la minería, pero también que "hay empresas que tienen una mayor capacidad para actuar y prevenir situaciones de tensión extrema", así como de construir relaciones de respeto.