Asunción, 6 jun (EFE).- La ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez, aseguró hoy que la aprobación del polémico proyecto de ley que pretende la creación de un superintendencia que regule las pensiones y jubilaciones “no pertenece a un Gobierno en particular”, sino que se trata de “una política de Estado”.

El proyecto, que está pendiente de ser sancionado en el Senado, ha sido respondido por los sindicatos de docentes, que anunciaron un paro de las clases para el jueves, y que consideran que esa ley modificará el actual régimen de pensiones.

“Si lo aprueba este Congreso o el siguiente Congreso da igual; es una política de Estado”, señaló Giménez, en alusión a la composición de las nuevas Cámaras a partir del 1 de julio.

En este sentido, la titular de la cartera económica recordó que Benigno López,actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y uno de los miembros del equipo de transición del Gobierno entrante, del oficialista Mario Abdo Benítez, colaboró en la elaboración del proyecto de ley.

“Una persona muy importante en el equipo entrante, que es Benigno López, justamente estuvo trabajando conjuntamente con nosotros en este proyecto, codo a codo, porque esto es política de Estado. Entonces, en definitiva, existe apoyo para este proyecto”, agregó la ministra.

Giménez insistió en que la aprobación del proyecto no es una apuesta personal, puesto que ella ya está “de salida”, sino que se trata de “un compromiso con el país”.

“No tengo ningún interés en particular en esto más que asegurar que ese dinero que está ahí exista el día de mañana”, puntualizó la ministra, cuyas funciones terminan tras la asunción del nuevo Gobierno, el 15 de agosto.

También explicó que el Estado se haría cargo en caso del quiebre de las cajas fiscales, pero insistió en que esos aportes representan el 40 % del Producto Interior Bruto (PIB) y “no hay Fisco que aguante eso (una crisis)”.

La ministra señaló que la creación de esa Superintendencia obedece a lo establecido en la Constitución y aclaró que su función será “transparentar el uso de esos recursos” y “asegurar que exista rendición de cuentas”.

“Existe mucha confusión, porque se habla de que se quiera quitar, que se quiere aumentar la edad, hacer cambios paramétricos… Esta ley no habla de eso, sí habla de una cuestión que es importante entender que es que debe existir un cuerpo regulador”, dijo con intención de apaciguar los miedos de algunos opositores al proyecto.

Giménez se ofreció de nuevo a explicar la ley a los sindicatos y gremios y a “tratar punto por punto”, pero les pidió que acudan a los debates con “una preocupación en particular”.

Denunció también que “existen sectores muy poderosos que han llevado adelante la administración de esos recursos de manera totalmente arbitraria”.

“Aquel que nada debe, nada teme. ¿Por qué no abrir, por qué no admitir ese regulador?”, apuntó.

El proyecto de ley para la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, presentado por el Ejecutivo en 2017, cuenta desde el 16 de mayo con media sanción en la Cámara de Diputados, a la espera de su tratamiento en el Senado.

La futura ley pretende la creación de una entidad reguladora y la diversificación de los fondos en distintos instrumentos financieros y no solo en certificados de depósitos de ahorro (CDA).