Bogotá, 12 sep (EFE).- La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ofreció hoy su apoyo a Colombia de cara a la Justicia Especial para la Paz (JEP), incluida en el acuerdo firmado con las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

Bensouda, de visita en Colombia, “ha señalado su gran interés en dar sus consejos y ofrecer sus servicios de manera positiva y constructiva en todo el acuerdo de paz y por ello felicitó explícitamente lo que se ha logrado en materia de paz”, dijo el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en una rueda de prensa tras reunirse con la fiscal.

En la reunión, la funcionaria también mostró “algunas preocupaciones” como “el tema que se ha denominado de falsos positivos”, nombre con el que son conocidas las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combates.

Sobre ese punto, el ministro le aclaró que ya hay 1.414 personas condenadas por homicidios atribuibles a agentes del Estado entre 2008 y 2016, y además “existen 1.234 sentencias entre abril de 2012 y 2016 donde se involucran conductas de diferentes agentes del Estado”.

“Se señaló como hay 1.242 sentencias condenatorias por lo que se ha denominado ‘falsos positivos'”, subrayó Gil Botero.

“La justicia está actuando, no se han suspendido actuaciones o investigaciones”, destacó el ministro sobre lo conversado con Bensouda.

La fiscal de la CPI se reunió ayer por separado con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Gil Botero también detalló que la fiscal estaba preocupada por la demora de la aplicación de la JEP “y otra (manifestación) específica frente a la participación de las víctimas”.

“Se le dieron explicaciones pertinentes de actuación de las víctimas, acompañamiento y función de la Procuraduría y presentó algún comentario o pregunta respecto a las penas restrictivas de la libertad. Sobre esa inquietud se le explicó el contenido de lo que es la función restrictiva de la libertad”, resumió Gil Botero.

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).

Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.