Punta de Tralca (Chile), 3 may (EFE).- La Iglesia católica de Chile va a colaborar con la Justicia para esclarecer los casos de abuso sexual incluso cuando la ley no la obligue, pero seguirá manteniendo inviolable el secreto de confesión aún a riesgo de que bajo este sacramento se puedan ocultar nuevos delitos.

Así se desprende de la declaración final de la 118 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), que se celebró durante toda esta semana en la ciudad de Punta de Tralca, en la costa central del país, y que concluyó este viernes.

La CECh exclamó que “el abuso por parte de consagrados es una herida” que sigue “estremeciendo” a la Iglesia y que de la búsqueda de una mejor manera de ayudar a la Justicia para investigar estos casos surgió el “Convenio Marco de Colaboración con el Ministerio Público” que se firmó esta semana.

En opinión de la CECh, este acuerdo supone “un paso más en la colaboración” con la Justicia y compromete a la Iglesia a cooperar incluso cuando no está obligada a hacerlo por ley.

El convenio busca favorecer el intercambio de información entre Iglesia y Fiscalía respecto a denuncias e investigaciones de delitos sexuales cometidos por clérigos diocesanos, protegiendo la confidencialidad de los denunciantes que lo soliciten y respetando siempre la legislación vigente.

“Estamos dando un paso de mayor colaboración. Queremos ser participes de la persecución de estos delitos. El texto del acuerdo va más allá de lo que exige la ley”, declaró a la prensa el secretario general de la CECh, el obispo Fernando Ramos.

El compromiso de colaboración expresado por los obispos en su declaración sólo encontró un límite en el secreto de confesión.

La CECh dijo haber abordado “con especial atención” durante la asamblea lo relativo al secreto de confesión y aseveró que se trata de un sacramento “inviolable”.

“El sigilo de la confesión es inviolable, siempre y en toda circunstancia. En caso de que fuese violado por un clérigo, este tiene la pena automática de la excomunión”, afirmó Ramos.

El obispo subrayó además que la inviolabilidad del secreto de confesión es una normativa de la Iglesia universal y que, por tanto, la Iglesia local chilena tiene que estar en sintonía con ello.

La Cámara de Diputados aprobó la semana un proyecto de ley para obligar a sacerdotes y religiosos a denunciar ante la Fiscalía los abusos contra menores que lleguen a su conocimiento, incluido en el acto de confesión.

La medida, que ahora se discutirá en el Senado, busca modificar el Código Procesal Penal y contempla también endurecer las penas en caso de omisión.

Los obispos dedicaron parte de su asamblea a avanzar en un documento de trabajo sobre la integridad en el servicio eclesial que proponga orientaciones para las conductas que han de observar las personas que ejercen un servicio en la Iglesia católica.

Además, dijeron haber avanzando en un “proceso de discernimiento” para poder entender la crisis que vive la Iglesia, sus causas y su contexto, para caminar hacia una renovación.

La CECh también abordó la eutanasia y el suicidio asistido, después de que la semana pasada la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley para regularlo, y tras la asamblea declaró que se trata de medidas que “no respetan la dignidad de la persona humana”.

“Todos tenemos la experiencia de que la vida es un don. Por eso nadie es dueño de negarla ni de arrebatarla. Estamos ante un tema de hinda complejidad frente al cual el papa Francisco nos ha invitado a defender con mucha fuerza a esos hermanos y hermanas que la sociedad considera ‘descartables'”, señala la declaración de la CECh.

La Fiscalía Nacional de Chile informó esta semana que actualmente existen 166 causas abiertas por abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica chilena, con 131 personas investigadas y 221 víctimas implicadas, de las que 131 eran menores en el momento en el que ocurrieron los hechos.

La Conferencia Episcopal de Chile publicó en agosto pasado una lista con los nombres de 42 sacerdotes y un diácono condenados por la Justicia civil o la canónica por abusos sexuales a menores.