Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- El juez chileno Mario Carroza procesó hoy como autores de homicidio calificado a seis exmilitares y a un séptimo como cómplice por su responsabilidad en el caso de dos jóvenes que en 1986 fueron quemados con gasolina durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Los siete, entre ellos un coronel, fueron detenidos esta semana, después que un exrecluta los señalase como responsables de las quemaduras causadas el 2 de julio de 1986 al fotógrafo Rodrigo Rojas, que tenía 19 años, y a Carmen Gloria Quintana, de 18, en un barrio de Santiago.

Tras ser rociados con combustible, los jóvenes fueron llevados por los militares hasta un camino rural en las afueras de Santiago y arrojados a una zanja, de la que pese a sus heridas lograron salir algunas horas después y pedir ayuda.

Rodrigo Rojas murió 96 horas después y Carmen Gloria Quintana, pese a tener el 62 % del cuerpo quemado, logró sobrevivir y recuperarse después de varios años de tratamiento.

«Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice», explicó a los periodistas el juez Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los seis procesados como autores son el excoronel Julio Castañer, Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.

El séptimo, acusado de cómplice, es Sergio Hernández, conductor del camión militar en que se desplazaba la patrulla.

Fernando Guzmán, el exrecluta que rompió el pacto de silencio que hasta ahora había trabado la acción de la justicia, afirmó que el verdadero autor de los delitos fue Julio Castañer, quien encendió con su encendedor la gasolina que previamente ordenó verter sobre los jóvenes.

Hasta ahora se creía que el principal responsable era el entonces teniente Pedro Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla y que en el primer juicio por el caso fue condenado a 600 días de prisión por «cuasi delito» (no intencionado) de homicidio, mientras los demás uniformados fueron absueltos.

Castañer, también teniente en la fecha del incidente, pertenecía al Servicio de Inteligencia del Ejercito.

Los implicados cumplen prisión preventiva en un batallón de policía militar situado en el sector santiaguino de Peñalolén.