La Paz, 14 abr (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se abstuvo este miércoles de declarar ante la Fiscalía General por un par de denuncias que se le siguen por acciones que tomó durante su Gobierno y que más adelante podrían derivar en procesos judiciales de responsabilidades.

«La señora Jeanine Áñez ha decidido abstenerse a prestar su declaración informativa haciendo uso de un derecho constitucional que le asiste», informó a los medios el fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio.

El silencio de Áñez no afecta el curso de los procesos ya que la Fiscalía seguirá con la «fase de acumulación de antecedentes» que puede derivar en un informe ante el Parlamento y la posibilidad del inicio de un proceso de responsabilidades, dijo el funcionario.

Aparicio recalcó que «se ha puesto a disposición de ella (Áñez) como de sus abogados defensores todos los antecedentes que cursan» y que se le informó sobre «todos los derechos constitucionales que la asisten».

Una comisión de fiscales encabezada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se presentó en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz a las 9.00 hora local (13.00 GMT) para tomar declaración a la ex jefa de Estado interina en dos de los cuatro casos impulsados por el Ministerio de Justicia.

INVESTIGACIONES EN DESARROLLO

Aparicio mencionó que la declaración que debía tomarse a Áñez y por la que guardó silencio es en los casos denominados Fondo Monetario Internacional (FMI) y Fundempresa, a los que tampoco sus abogados se refirieron pese al requerimiento de los medios.

El primero está relacionado a un crédito de 360 millones de dólares que Áñez aprobó sin autorización del Parlamento que generó intereses por 5 millones y que fue devuelto por el Gobierno de Luis Arce y el segundo por una concesión irregular por quince años del Registro Público y Comercio.

También la exmandataria afronta otras dos denuncias por la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión durante la cuarentena de 2020 y por supuestas órdenes a las fuerzas de seguridad para que evitaran el retorno de bolivianos que regresaban de Chile en un periodo crítico de la cuarentena.

Estos procesos están enmarcados en delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y discriminación por las que la Fiscalía General admitió en marzo pasado.

UN MES EN PRISIÓN

Áñez cumplió este pasado martes un mes en prisión por el caso llamado «golpe de Estado» basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.

Ese caso, basado en sucesos previos a que Áñez asumiera la Presidencia interina, se fundamenta en acciones que ella y varios de sus colaboradores como los exministros de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, realizaron cuando fueron legisladores.

Coímbra y Guzmán también están detenidos en cárceles de La Paz mientras que la denuncia también implica a otros exministros, exaltos jefes militares y policiales y algunos opositores como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Varios de los acusados, que tienen órdenes de aprehensión, no han sido hallados por la Fiscalía puesto que han salido del país, se han declarado en la clandestinidad o han solicitado asilo político en países vecinos.

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