Montevideo, 5 oct (EFE).- Un informe presentado hoy por la Institución de Derechos Humanos de Uruguay (INDDHH) reveló el “altísimo” índice de hacinamiento en los centros de privación de libertad tanto de menores como de hombres y mujeres adultos así como la violencia dentro de las cárceles y condiciones de higiene.

Se trata del segundo informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), programa que pertenece al INDDHH y que es un órgano estatal e independiente, de control y de colaboración con los distintos poderes públicos.

Este documento recoge algunas cifras de las 90 visitas que realizó este organismo a los centros de reclusión de menores y adultos del país suramericano durante todo el 2015.

De esas 90 visitas, 41 fueron al sistema de protección, 30 al Sistema de Responsabilidad Penal y Adolescente, 17 al sistema carcelario de adultos y 2 a clínicas y colonias psiquiátricas.

En total el MNP brindó 156 recomendaciones e hizo 21 observaciones para la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Entre los principales problemas revelados durante las visitas se encuentra el hacinamiento que, como indicó la directora de la INDDHH, Mirtha Guianze, durante la presentación de este informe, Uruguay solo es superado por Estado Unidos en esta materia.

“Uruguay tiene un índice de encierro altísimo en materia de prisiones y cárceles solo es superado por Estados Unidos. Ese encierro arranca en los niños, abandonados en hospitales sin cuidados parentales, además de un índice altísimo de personas institucionalizadas en materia de salud mental”, explicó.

Además agregó que ese “universo de encierro” es un “encierro de violencia” y esto es “lo que preocupa” a la institución.

En ese sentido, la constatación de hacinamiento es uno de los factores principales que alertan en relación a la posibilidad de malos tratos o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Según detalla el documento, existen focos donde el nivel de hacinamiento es “preocupante”, fundamentalmente en las unidades de la zona metropolitana, como también en algunas unidades del resto del país.

Este hecho se corrobora con la visita de este organismo a cuatro centros penitenciarios de adultos que suman un total de 1.696 plazas disponibles para 2.585 reclusos.

A juicio de la MNP, esto “sigue produciendo” en el país “graves problemas” de vulneración a los derechos de las personas privadas de libertad, por lo que, “preocupa” que se siga disponiendo la prisión preventiva por parte del sistema de Justicia por delitos leves.

El documento añade que de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio del Interior, al 31 de diciembre de 2015 se encuentran un total de 9.985 personas cumpliendo condena o prisión preventiva en régimen de privación de libertad.

De igual manera, se subraya que la tasa de encarcelamiento ha aumentado desde 1987 cuando se registraron 61 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, hasta la actualidad donde la tasa llega a 288 encarcelados cada 100.000 habitantes, este incremento es de más de 5 veces la población privada de libertad en 28 años.

“El permanente incremento de las personas encarceladas tienen como consecuencia el aumento del hacinamiento en las unidades, pero también afecta directamente la posibilidad del Estado de responder con la aplicación de medidas efectivas durante y posteriores al encarcelamiento que promuevan la no reincidencia y la resocialización”, señala el documento.

En la comparativa internacional, solamente Brasil posee en la región una tasa de encarcelamiento superior a la de Uruguay por cada 100.000 habitantes.

No obstante, el aumento de la población privada de libertad es casi constante en tanto en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a excepción de Chile.