Montevideo, 9 may (EFE).- El Gobierno uruguayo negó hoy haber usado su nuevo sistema de escuchas e interceptación de comunicaciones en la captura en abril pasado del narcotraficante Gerardo González Valencia, integrante del cártel mexicano «Los Cuinis».

El Ministerio del Interior uruguayo señaló hoy en un comunicado que «Guardián», un sistema electrónico que permite centralizar la vigilancia de teléfonos móviles, correos y redes sociales «no fue utilizado en el desarrollo de esta investigación», ya que en la misma se dispusieron interceptaciones mediante el «sistema antiguo», en vigor hasta el pasado 2 de mayo.

El comunicado del ministerio fue emitido tras las declaraciones del titular de la cartera, Eduardo Bonomi, quien dijo a finales del mes pasado que el sistema «Guardián» fue usado de manera «puntual» para la captura de González Valencia, efectuada el 23 de abril.

Según el comunicado del ministerio, las declaraciones de Bonomi correspondían a la solicitud del fiscal actuante en el caso «sobre la utilización del sistema Guardián, hecho que no se produjo por no existir las condiciones técnicas necesarias en ese momento».

Con base en esas declaraciones, la semana pasada, el diario local El País apuntó que la presunta aplicación de «Guardián» en la captura de González Valencia se había dado de manera irregular, ya que la jueza de crimen organizado a cargo del caso, Adriana de los Santos, no disponía de la firma electrónica establecida en el protocolo de uso del nuevo sistema de vigilancia.

La supuesta irregularidad del proceso denunciada por el matutino remite al protocolo acordado en un memorándum suscrito entre el Ministerio de Interior y el Poder Judicial acerca del uso del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL).

A la luz de la publicación de estas informaciones, el Poder Judicial emitió este viernes un comunicado en el que establece que las autorizaciones judiciales para las escuchas telefónicas «cuyos transcripciones y audios se encuentran agregadas como prueba al expediente en curso» se efectuaron de manera regular.

Las «transcripciones y audios» surgidas de las interceptaciones «se encuentran agregadas como prueba al expediente en curso» y «ninguno de esos medios probatorios fue impugnado por las partes», añade el comunicado.

El escrito del Poder Judicial destaca en la diferencia entre el SAIL -una herramienta informática que gestiona el trámite administrativo para llevar adelante las interceptaciones- y el «Guardián» -el sistema que efectúa y centraliza la recolección de datos-, establecida explícitamente en el mismo memorándum entre la cartera de Interior y la Justicia.

«Resulta imperioso aclarar que los jueces no están operando la aplicación denominada Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), que les permitirá ordenar la interceptación de comunicaciones y fiscalizar el cumplimiento de lo ordenado», precisa el documento del PJ.

El comunicado del Ministerio publicado hoy indica que «la utilización o mala interpretación de la información» constituye «un elemento proclive a sembrar dudas» sobre el uso de una herramienta «fundamental para la investigación del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, etc».

El pasado 23 de abril, la Policía uruguaya detuvo a González Valencia y a otras diez personas que presuntamente realizaban lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones inmobiliarias en la ciudad de Punta del Este (sureste de Uruguay) a través de una sociedad anónima vinculada al estudio panameño Mossack Fonseca, cuya actividad dio origen al caso conocido como papeles de Panamá.