Buenos Aires, 2 jun (EFE).- El Gobierno argentino estableció hoy un tope de 400 % de aumento en la tarifa del gas para los usuarios residenciales y de 500 % para las pymes, comercios y hoteles en todo el territorio nacional, luego de las fuertes subidas dictadas en los últimos meses, que generaron fuerte oposición política y social.

Los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, mantuvieron hoy reuniones en Buenos Aires con los gobernadores provinciales de todo el país, con quienes acordaron varias medidas en relación con las facturas de los servicios del gas natural y energía eléctrica.

Este acuerdo se da en medio de la escalada de precios fruto de la inflación y después de que el Ejecutivo anunciase en abril nuevas tarifas del gas y el agua, con aumentos del 300 % de media en el primer caso y de hasta un 375 % en el segundo, que venían precedidas de subidas de hasta un 600 % en la factura de la luz.

El encuentro de hoy determinó establecer en el coste del servicio del gas un tope del 400 % de aumento para los usuarios residenciales y de 500 % para pymes, comercios y hoteles en todo el territorio nacional, sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario anterior, y siempre considerando un mismo nivel de consumo.

Esta medida está vigente de forma retroactiva a partir del 1 de abril, y aquellos usuarios que ya pagaron o paguen su factura de gas por encima de esos topes recibirán un crédito en la próxima facturación.

En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minería matizó que la región sureña de la Patagonia, Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna (norte), zonas de bajas temperaturas, aun a pesar del tope de 400 %, continuarán manteniendo una tarifa diferencial en la provisión de gas natural respecto al resto del país.

Sobre la tarifa de la energía eléctrica, los usuarios del servicio en las provincias del noreste argentino que no tienen acceso al sistema troncal de transporte de gas natural y que cumplen los requisitos para recibir una tarifa social, duplicarán su umbral de consumo gratuito de 150 kilovatios por hora al mes a 300 a partir del 1 de junio de forma retroactiva.

Además, el Gobierno ha dispuesto ventajas en diversos sectores, como los clubes de barrio, ya que los que cuenten con hasta 2.000 socios recibirán un subsidio.

«Las medidas que hemos consensuado con los gobernadores tienden a llevar tranquilidad a la población, y a generar las condiciones para recuperar la oferta energética en la Argentina», reclamó el ministro Aranguren.

El pasado 1 de abril, al anunciar los incrementos en el gas, el Ejecutivo aseguró que las subidas se decidieron para «promover inversiones en exploración y explotación» de gas a fin de «garantizar su abastecimiento».

En este sentido, el referirse al estado actual del sector energético, el alto responsable de Energía en el Gobierno de Mauricio Macri, que asumió el pasado diciembre, sostuvo que «años de desinversión» llevaron a la necesidad actual de importar electricidad, combustibles líquidos y gas natural.

«El principal objetivo que tenemos es que haya energía suficiente para todos los argentinos», añadió.

«Con estas medidas buscamos llevarle tranquilidad a muchas familias que estaban angustiadas y cuidar las fuentes de trabajo», agregó por su parte Frigerio.

Posteriormente, se conoció que el fiscal nacional a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, denunció hoy al ministro Aranguren y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, David José Tezanos, por la presunta comisión de los delitos de abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario.

Según la página oficial del Ministerio Público, la razón es no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas aplicado en la localidad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

En el comunicado ministerial se recuerda el «compromiso» para que aquellos que no puedan hacer frente a los incrementos en las tarifas puedan acogerse al régimen de Tarifa Social Federal, que actualmente en todo el país alcanza a 1,5 millones de usuarios de gas y a 3,3 millones de usuario de energía eléctrica.