Santiago de Chile, 23 abr (EFE).- El empresario Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, dejará este viernes la presidencia de Soquimich, la mayor productora de fertilizantes del mundo, que está siendo investigada por la fiscalía chilena por delitos tributarios y presuntas aportaciones ilegales a políticos.

Fuentes de la compañía indicaron que la salida de Ponce Lerou del directorio, donde ha permanecido 28 años, se concretará en la junta de accionistas que se realizará mañana, aunque el empresario seguirá como máximo accionista de la compañía de la que se adueñó cuando fue privatizada en tiempos de la dictadura.

La anunciada renuncia de Ponce Lerou se vio precipitada por la presión de la canadiense Potash Corp, que posee el 32 % de Soquimich y se ha mostrado muy crítica con la manera como la dirección de la empresa ha gestionado la investigación de la fiscalía.

De hecho, los tres representantes de la firma canadiense en el directorio de Soquimich, que tiene un total de ocho miembros, presentaron su renuncia en marzo pasado, aunque la empresa propondrá tres nuevos directores en la junta de este viernes.

Soquimich y Ponce Lerou están en la mira de la fiscalía, que sospecha que la empresa financió de manera irregular a políticos, tanto de derecha como de izquierda, mediante facturas falsas por servicios que nunca se prestaron y que le permitían reducir su base imponible y pagar menos impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado varias denuncias contra la compañía y sus directores por la emisión de cientos de boletas (facturas) falsas, cuya cuantía supera los 9 millones de dólares.

Las esquirlas del caso Soquimich han llegado hasta el Gobierno chileno, ya que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, emitió antes de asumir el cargo boletas a una empresa que, a su vez, recibió dinero de esa compañía, la mayor minera no metálica del mundo.

La investigación a Soquimich surgió como un apartado dentro del llamado caso Penta, un conglomerado financiero que también está acusado de fraude al fisco y de emisión de facturas falsas para rebajar la carga tributaria, cuyos dueños abandonaron ayer la cárcel y cumplen arresto domiciliario total.