Montevideo, 20 oct (EFE).- El grupo de trabajo que investiga los crímenes cometidos en la última dictadura militar de Uruguay (1973-1985) confía en que la clasificación de los archivos de los que dispone hasta el momento permita encontrar indicios para hallar a los todavía 192 desaparecidos durante ese periodo.

Mario Cayota, integrante del Grupo Verdad y Justicia, creado el pasado febrero por el presidente del país, Tabaré Vázquez, explicó hoy que dicha comisión ha impulsado a través de la Secretaría para los Derechos Humanos y el Pasado Reciente de la Presidencia de la República la clasificación de todo el material.

"Algo que va a ser importantísimo (...). Los famosos archivos. Eso está llevando mucho tiempo. Si no se clasifican, prácticamente de poco sirven, porque es como buscar una aguja en un pajar", especificó en declaraciones a Efe, para añadir que se trata de ordenarlos por materias y después digitalizarlos.

Cayota representa a la Iglesia católica en dicho grupo, que integran también los diputados oficialistas Macarena Gelmán, víctima del "Plan Cóndor" y nieta restituida del poeta argentino Juan Gelman, y Felipe Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, asesinado durante la dictadura argentina (1976-1983).

Forman parte también Emilia Carlevaro por la asociación de familiares de desaparecidos, y representantes de colectivos también perseguidos durante los años de la dictadura, así como un portavoz por la Iglesia metodista, otro del Comité Central Israelita de Uruguay y un representante del colectivo de afrodescendientes.

Entre sus cometidos está la búsqueda de la información relevante y la reconstrucción de los delitos a partir del testimonio de las víctimas, sus familiares o simples testigos.

En este sentido, Cayota insistió en la necesidad de que, conforme a la campaña iniciada en septiembre por la plataforma de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos durante la dictadura en Uruguay, la ciudadanía en general comunique toda información que considere relevante sobre las víctimas del terrorismo de Estado.

Por su parte, el portavoz de esta plataforma Óscar Urtasun explicó a Efe que en poco más de un mes se recibieron algo más de 300 llamadas de personas que tratan de aportar datos.

Actualmente se procesa todo lo recibido, la mayoría de parte de ciudadanos que hablan en tercera persona, con base en informaciones que dicen haber escuchado de parte de gente de su entorno.

Entre las llamadas válidas, si hay algunas que apuntan a un mismo indicio, este cobra más veracidad y pasa a investigarse.

"Nosotros lo que hicimos es lanzar una campaña para sensibilizar a la población que pudo haber tenido algún acceso a esas verdades y le prometemos la seguridad de que la identidad no va a ser desvelada", señaló Urtasun.

En este sentido, Cayota recordó que la Iglesia uruguaya se ofreció a ayudar recibiendo información de gente a la que también preservar el anonimato, como si fuera secreto de confesión.

Por otro lado, se prevé que la próxima semana se reanuden las excavaciones en el batallón militar en Montevideo donde se trabaja por encontrar restos de desaparecidos, tras dos meses paradas luego de hallar en el terreno un antiguo artefacto explosivo que dio lugar a un rastreo para favorecer la seguridad de los antropólogos.

"El equipo dice que está pronto para excavar nuevamente y que si el tiempo lo permite el lunes empezaría", señaló Urtasun.

Esta ronda de trabajos comenzó en julio tras haber sido interrumpidos el pasado febrero al tiempo que se renovaba el convenio del Gobierno con los antropólogos de la Universidad de la República.

Hasta la fecha, desde que empezó la búsqueda durante la primera Presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010), se han encontrado los restos de cuatro víctimas que fueron debidamente identificadas.