Sao Paulo, 11 dic (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, defendió hoy la aplicación del Estado de Derecho para garantizar "la estabilidad institucional" del país, cuya mandataria, Dilma Rousseff, podría ser sometida a un juicio político con fines de destitución.
"El Derecho es el fenómeno estabilizador de la propia sociedad y esta no debe asustarse por eventuales conflictos que se verifiquen a lo largo del tiempo", afirmó el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) durante una conferencia en la sede del Instituto Brasileño de Derecho Público (IDP) de Sao Paulo.
El vicepresidente, primero en la línea sucesoria si Rousseff llegara a ser despojada del cargo, insistió en que Brasil vive "una estabilidad institucional extraordinaria", fruto, en su opinión, del buen funcionamiento del Poder Judicial.
"Cuando las instituciones funcionan pautadas por el orden jurídico, por más crisis económica o política que pueda haber, no hay crisis institucional", opinó.
El PMDB es la mayor fuerza política del país y el principal apoyo de la coalición que conforma el Gobierno de Rousseff, pero una carta enviada por Temer a la mandataria esta semana reveló que la relación está al borde de una ruptura.
En la misiva, el vicepresidente reprochó que Rousseff "nunca" tuvo confianza ni en él ni en el PMDB y que, durante los cuatro primeros años de mandato, fue tratado como un mero objeto "decorativo".
Tras el incidente, Rousseff y Temer se reunieron a puerta cerrada y, según una escueta nota oficial, acordaron mantener "una relación provechosa, tanto personal como institucionalmente".
El trámite para el inicio del juicio político contra la presidenta empezó este martes en la Cámara baja pero fue paralizado por el Tribunal Supremo hasta el próximo miércoles, cuando deliberará sobre algunos de procedimientos cuestionados por el oficialismo.
La petición del juicio se sustenta en unas irregularidades en los balances del Gobierno que fueron registrados en 2014 y se mantuvieron en 2015, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado.
Interrogado por periodistas sobre estas maniobras fiscales, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes, quien también participó en el evento, se mostró cauteloso y afirmó que la Corte esperará "a la pronunciación de las dos Cámaras del Congreso", que aún deben analizar los balances del Gobierno.
Según Mendes, la Corte resolverá las dudas sobre el trámite para el juicio político a Rousseff con rapidez, pues "es consciente del momento delicado" que atraviesa el país y "todos perciben que hay una necesidad de que ese tema sea resuelto".