Sao Paulo, 15 abr (EFE).- La temperatura política en Brasil por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras aumentó hoy con la detención del tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari.
El tesorero está acusado de haber actuado para que empresas constructoras, que presuntamente pagaban sobornos para ganar contratos de la empresa petrolera estatal, realizaran a cambio donaciones, ya legales, al partido oficialista.
Vaccari, secretario de Finanzas del PT, "aparece como uno de los operadores recaudadores político partidarios dentro del proceso de Petrobras", informó el fiscal Carlos Fernandes Santos Lima, en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, donde el juez federal Sergio Moro encabeza la investigación.
Los investigadores, según el fiscal, creen que una imprenta de la ciudad de Sao Paulo a nombre de sindicalistas vinculados al Gobierno fue utilizada para lavar dinero por parte de Vaccari, que fue antes dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT).
El tesorero fue detenido por agentes de la Policía Federal en la puerta de su casa de la zona sur de Sao Paulo a primera hora de la mañana cuando salía a correr, como hace todos los días, y no ofreció resistencia, según dijo hoy a los periodistas un portavoz policial.
También fue emitido un pedido de detención de la cuñada de Vaccari, Marice Correa, basado en una orden de "prisión temporal" suscrita por del juez Moro.
Al principio, la Policía había informado sobre su captura, pero luego las autoridades aclararon que la cuñada de Vaccari está prófuga.
Por su parte, la esposa del tesorero del PT, Gisela Lima, fue intimada a declarar ante los investigadores como testigo, según informaron fuentes policiales, aunque de acuerdo con el fiscal en su testimonio no agregó muchos elementos.
Vaccari fue llevado en automóvil durante los 405 kilómetros que separan Sao Paulo de Curitiba, hoy epicentro de la investigación del escándalo que supone, con este nuevo capítulo, otro revés más a la recuperación de popularidad que la presidenta Dilma Rousseff pretendía conseguir con un panorama político menos turbulento.
El antecesor de Vaccari, Delubio Soares, cumple condena por corrupción tras haber admitido su participación en la recaudación y distribución de dinero ilegal en el escándalo conocido como "mensalao" (gran mesada), que estalló en 2005 y causó la peor crisis del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
El juez Moro, en su pedido de captura, sostuvo que Vaccari "ofrecía un riesgo especial para la continuación del delito" si seguía al frente del cargo que ocupa.
La semana pasada, el tesorero del partido de la presidenta Dilma Rousseff declaró ante una comisión investigadora del Congreso y negó las acusaciones en su contra.
Pese a que se había mantenido en el cargo, algunos dirigentes y sectores influyentes del PT y del Gobierno, como el asesor de Asuntos Internacionales de Rousseff, Marco Aurelio García, habían sugerido que debía renunciar al cargo para evitar un mayor impacto político.
De acuerdo al Ministerio Público, la imputación contra Vaccari está basada en la declaración de un corrupto confeso, Pedro Barusco, exgerente de servicios de Petrobras.
Además de exdirectivos de Petrobras, se encuentran detenidos en Curitiba ejecutivos de empresas constructoras acusadas de pagar sobornos para ganar contratos.
Al menos 48 políticos están siendo investigados por la Corte Suprema por sus posibles nexos con el escándalo, entre ellos los titulares de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.
Las acusaciones contra Vaccari incluyen sospechas de lavado de dinero y un comportamiento "sospechoso" que va de 2004 hasta 2014, incluida la compra de un apartamento en la playa y unos 300.000 reales (unos 97.911 dólares) depositados en pequeñas cantidades en la cuenta de su esposa durante tres años, detalló el fiscal.
Desde el Congreso, el jefe del bloque de diputados del PT, Sibá Machado, afirmó que la detención "es una prisión política" y denunció que existe una "orientación deliberada" contra el partido para que los delatores del caso involucren a Vaccari.
Machado anticipó que habrá reuniones de emergencia para tratar el tema.
El Gobierno no se ha pronunciado por ahora, aunque Rousseff prometió cuando estalló el escándalo llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación.