Brasilia, 24 jun (EFE).- El magistrado Alexandre de Moraes, que dirige una investigación sobre amenazas contra la Corte Suprema de Brasil, ordenó este miércoles la excarcelación de seis activistas de ultraderecha, pero bajo un régimen de libertad vigilada.

Los seis militantes de movimientos que apoyan al Gobierno de Jair Bolsonaro fueron detenidos hace diez días, en el marco de un proceso que intenta determinar la responsabilidad de esas amenazas y de una serie de noticias falsas en relación a los magistrados del Supremo.

Entre ellos está Sara Giromini, activista de ultraderecha que se hace llamar «Sara Winter» en un más que dudoso homenaje a una espía británica que trabajó para los nazis y que responde a acusaciones de «graves injurias y amenazas».

Winter es miembro del grupo «300 de Brasil», formado por apenas una treintena de «bolsonaristas» que en las últimas semanas impactó al país con una «marcha de antorchas» que emulaba las que realizan los supremacistas estadounidenses y luego simuló un «bombardeo» con fuegos artificiales contra la sede del Supremo.

Ese grupo extremista mantenía un campamento en Brasilia, que fue clausurado por las autoridades tras el ataque con fuegos artificiales contra el edificio del tribunal, que también llevó al juez Alexandre de Moraes a dictar la prisión preventiva de los activistas, la cual fue suspendida este miércoles.

Aún así, deberán permanecer durante un tiempo indeterminado bajo libertad vigilada, que implicará el uso de tobilleras electrónicas para que la Justicia pueda saber dónde se encuentran, así como otras medidas cautelares.

Entre ellas, tendrán prohibido el contacto entre ellos y con otros activistas, sólo podrán abandonar sus domicilios por asuntos de trabajo o de estudio y, sobre todo, deberán mantenerse a más de un kilómetro de la sede de la Corte Suprema.

«Verifico que está demostrado el riesgo a la investigación y la necesidad de restricción de la actuación de los integrantes de este grupo», indicó el juez en el documento de excarcelación.

También subrayó la «gravedad de las conductas a ellos atribuidas» y la necesidad de dar amplias «garantías de orden público», mediante la aplicación de las medidas cautelares y de libertad vigilada que ha determinado.

Además de investigar las amenazas y noticias falsas difundidas a través de internet por diversos grupos de ultraderecha, el Supremo también intenta determinar si las actividades de esos militantes son financiadas por empresarios de esa misma vertiente ideológica.

Según sospecha la Policía, influyentes comerciantes han aportado dinero a esos grupos, que también han convocado manifestaciones en las que se exige el «cierre» del Parlamento y el Supremo mediante una «intervención militar» que mantenga en el poder a Bolsonaro, quien ha llegado a acudir a algunos de esos actos.

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