Santiago de Chile, 3 ago (EFE).- El Senado y la Cámara de diputados de Chile crearán instancias permanentes en la comisión de derechos humanos para revisar los avances en esta materia, informó hoy el presidente de los senadores, Patricio Walker.
La decisión fue tomada este lunes en una reunión de Walker y representantes de varios sectores políticos con la sobreviviente del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, quien fue rociada con combustible y quemada por militares chilenos en 1986, al igual que el fotógrafo Rodrigo Rojas, quien falleció a causa de las heridas.
Tras la reapertura del "Caso Quemados" hace dos semanas, Quintana, radicada en Canadá, visita el país con el objetivo de impulsar peticiones en materia de derechos humanos.
Una de ellas consiste en instaurar una comisión "para que los temas de derechos humanos puedan ser analizados de forma permanente", aseveró Walker, quien especificó que entre las demandas que se estudiará está la de degradar a los militares involucrados en delitos de derechos humanos.
"Debe haber un pronunciamiento de los partidos políticos, exigiendo a las Fuerzas Armadas sacar de sus filas a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos, además quitar el secreto al informe Valech, protegiendo a quienes no quieren revelar su identidad", sostuvo Quintana.
El informe Valech certificó en 2004 unos 33.000 casos de torturas y prisión política durante la dictadura (1973-1990), pero con el argumento de proteger a las víctimas se decidió mantener su contenido en secreto durante 50 años.
Asimismo, la superviviente del Caso Quemados reclamó un "pronunciamiento del Congreso exigiendo a las Fuerzas Armadas entregar todos los antecedentes de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad".
Si el Ejército no entrega los antecedentes reclamados, Quintana anunció que exigirá la salida del comandante en jefe de la institución, Humberto Oviedo.
Con su testimonio del exrecluta Fernando Guzmán, rompió un pacto de silencio de 29 años y permitió reabrir judicialmente el caso de los jóvenes que en 1986 fueron rociados con gasolina y quemados durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Doce exmilitares fueron detenidos y procesados por un juez especial por su responsabilidad en el crimen, mientras sectores políticos y organizaciones de víctimas comenzaron a abogar por el fin de los pactos de silencio que por décadas han mantenido los militares en torno a crímenes de la dictadura.
"Exijo respuesta ahora y ya y ése es el compromiso que escuché yo de parte de los senadores presentes y espero que antes que vuelva a Canadá (en el curso de 3 semanas) tener respuestas concretas", dijo la sicóloga que fue quemada por una patrulla militar en 1986.
La presidenta del Partido Socialista y ex jefa de la cámara alta Isabel Allende resaltó que fue ella quien planteó el proyecto de ley para degradar a los militares involucrados en delitos relacionados con los derechos humanos.
"Es imposible aceptar que haya medallas para militares condenados y beneficios de libertad vigilada estando en la cárcel, condenados por crímenes de derechos humanos", apuntó Allende.