Brasilia, 16 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, atribuyó hoy los procesos por corrupción abiertos en su contra a una “persecución” de la Fiscalía destinada a desmoralizarlo en momentos en que le cabe la responsabilidad de autorizar un juicio contra la presidenta Dilma Rousseff.

“Es muy extraña esa aceleración de las investigaciones en vísperas de la divulgación de decisiones sobre las peticiones de apertura de juicio político con fines de destitución (contra Rousseff)”, afirmó el presidente de la Cámara baja en un comunicado en el que se defendió de las nuevas acusaciones de la Fiscalía.

El presidente de la Cámara baja es actualmente uno de los principales protagonistas de la grave crisis política que enfrenta Brasil debido a que tiene el deber constitucional de aceptar o rechazar las peticiones de juicio con fines de destitución que sean presentadas contra la mandataria.

La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.

Cunha, dirigente de uno de los partidos de la coalición oficialista que rompió con el Gobierno este año y se definió como independiente, ha rechazado hasta ahora once peticiones de la oposición para abrirle un juicio político a Rousseff, pero aún tiene que decidir sobre otras tres solicitudes mejor fundamentadas jurídicamente que las hasta ahora archivadas.

Según el legislador, las acusaciones y la divulgación de supuestas pruebas en su contra tan solo buscan “descalificar eventuales decisiones, sea de aceptación o de rechazo, del presidente de la Cámara”.

El presidente de los Diputados salió en su defensa en el mismo día en que la Procuraduría divulgó numerosas pruebas de que posee cuentas secretas en Suiza que fueron alimentadas con coimas recibidas por las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras.

La Corte Suprema atendió la víspera una petición de la Fiscalía para abrir una nueva investigación contra Cunha por sus cuentas secretas en el exterior y para que sean embargadas.

El máximo tribunal ya había ordenado otra investigación contra el presidente de los Diputados y segundo en la línea de sucesión de la Presidencia brasileña por supuestamente ser beneficiario de los desvíos de recursos de Petrobras y haber recibido cinco millones de dólares por facilitar un negocio de la petrolera estatal.

En el nuevo proceso, la Fiscalía citó las supuestas cuentas bancarias que tendrían en Suiza tanto Cunha como su esposa, la periodista Claudia Cruz, y su hija, Danielle Cunha.

Igualmente relató la petición hecha por las autoridades suizas para que se investigue el origen de los recursos de los depósitos en tales cuentas.

La Fiscalía también incluyó en el proceso un testimonio en que uno de los empresarios acusados de desviar recursos de Petrobras, que colabora con la investigación a cambio de la reducción de su pena, asegura haber depositado una coima en una cuenta de Cunha en Suiza.

Tras la autorización que recibió de la Corte Suprema para abrir la nueva investigación, la Fiscalía entregó a algunos medios de comunicación copias de los papeles que recibió de Suiza que muestran que los movimientos en las cuentas bancarias fueron autorizados por Cunha, quien presentó su pasaporte, ofreció sus datos personales y utilizó su firma.

La divulgación de numerosas pruebas obligaron a dirigentes de partidos oficialistas y opositores a admitir que la permanencia de Cunha en la presidencia de la Cámara baja es insostenible.

El diputado, sin embargo, negó nuevamente tener cuentas bancarias en el exterior a su nombre o haber recibido beneficios de la red de corrupción que desvió cerca de 2.000 millones de dólares de Petrobras.

“El presidente de la Cámara nunca recibió cualquier ventaja de cualquier naturaleza, de quien quiera que sea, referente a Petrobras o a cualquier otra empresa, organismo público o institución de género”, afirmó en su comunicado.

Cunha atribuyó todas las acusaciones y la divulgación de documentos sobre supuestas cuentas a una “clara persecución movida por el fiscal general de la República” para “desmoralizarlo y desgastarlo políticamente”.