Brasilia, 3 ago (EFE).- El Partido de los Trabajadores (PT), la formación de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, negó hoy haber participado en redes de corrupción, tras nuevos testimonios que lo salpican en el escándalo de la petrolera Petrobras.

La formación oficialista divulgó un comunicado para defenderse después de que uno de los testigos que colabora con la justicia en las investigaciones del escándalo de corrupción en Petrobras acusara al partido de recibir sobornos.

El comunicado fue publicado en la página del PT en internet pocas horas después de que la Policía detuviera, por su vinculación con el escándalo de la estatal, al exministro José Dirceu, el hombre fuerte de Lula durante su primer mandato, quien fue además uno de los fundadores de la formación y su presidente durante varios años.

«El PT rechaza las acusaciones de que habría realizado operaciones financieras ilegales o participado de cualquier red de corrupción», dice el comunicado firmado por el actual presidente de la formación, Rui Falcao, quien durante todo el día evitó entrar en contacto con la prensa.

El PT agregó en su escueta nota que todas las donaciones que recibió para sus campañas electorales fueron recibidas «estrictamente dentro de la legalidad, por medio de transferencias bancarias, y fueron posteriormente declaradas ante la Justicia electoral».

La nota fue divulgada luego de que la Fiscalía confirmara que Milton Pascowitch, uno de los empresarios presos por el caso de corrupción en Petrobras y que llegó a un acuerdo con la Justicia para colaborar con la investigación a cambio de una reducción en su futura condena, señalara al PT como beneficiario de los desvíos.

Pascowitch declaró ante los fiscales que, como intermediario de la constructora Engevix, una de las empresas que se adjudicó contratos millonarios con Petrobras a cambio de sobornos, entregó 10,5 millones de reales (unos 3 millones de dólares) en efectivo en la sede del PT por petición de quienes manejaban la red de corrupción.

El empresario dijo que el dinero, entregado entre 2009 y 2011, fue la comisión ilegal acordada por Engevix para adjudicarse el contrato de construcción de estructuras de 8 plataformas petroleras de Petrobras y un contrato para obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, una polémica presa erguida en medio de la Amazonía.

El empresario dijo que entregó otros sobornos en manos del extesorero del PT Joao Vaccari Neto, también preso.

El extesorero del PT está acusado de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero, y es sospechoso de negociar las comisiones que el PT supuestamente recibió para financiar sus campañas electorales por amparar la firma de contratos entre Petrobras y las empresas de la red de corrupción.

La Fiscalía alega que las cerca de veinte empresas implicadas en el escándalo obtenían de la petrolera contratos amañados; inflaban sus valores y repartían las diferencias con exdirectivos de Petrobras y políticos que amparaban esas maniobras.

Por ese escándalo se investiga también a medio centenar de políticos, en su gran mayoría de la base que apoya el Gobierno de Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.

Antes de la divulgación del comunicado oficial, el portavoz del PT en la Cámara baja, el diputado Sibá Machado, acusó al juez responsable por la investigación del caso Petrobras de «perseguir» al partido oficialista.

«Es una clara persecución al PT. El juez Sergio Moro trabaja con suposiciones y aparece en los medios para hacer un espectáculo. Y la Policía Federal le hace el juego. Esto se está convirtiendo en una aberración al Estado de derecho. Moro trabaja para institucionalizar un golpe y para perjudicar al PT», afirmó Machado.

En su comunicado el PT no menciona a Dirceu, que fue uno de los principales líderes históricos de la formación.

Dirceu, exministro de la Presidencia, fue detenido este lunes en su residencia de Brasilia, en la que desde finales del año pasado cumplía prisión domiciliaria tras haber pasado en la cárcel doce meses, como parte de la condena a once años y diez meses que le fue impuesta en un caso de corrupción que hizo tambalearse al gobierno de Lula.

Según la Fiscalía, se ha comprobado que Dirceu fue uno de los políticos que «instituyó» la red de corrupción que operó durante la última década en la petrolera estatal y que, según las cuentas de la propia empresa, desvió cerca de 2.000 millones de dólares.