Asunción, 4 nov (EFE).- La Comisión Ejecutiva del gobernante Partido Colorado encomendó hoy a sus apoderados a promover acciones judiciales contra la campaña del expresidente Fernando Lugo, que anunció sus intenciones de presentarse a las presidenciales de 2018, pese a que la Constitución prohíbe un segundo mandato.
De acuerdo con la resolución, Lugo, quien gobernó entre 2008 y 2012, año en el que fue destituido en un polémico juicio parlamentario, "está inhabilitado" para una reelección de acuerdo con la Carta Magna.
La resolución también busca, según el comunicado del Partido Colorado, que los estamentos electorales y judiciales se pronuncien respecto "a la restricción absoluta de reelección presidencial".
"Actualmente no existe en la Constitución Nacional la figura de la reelección presidencial y Lugo en ningún caso puede volver a postularse para el cargo de Presidente de la República porque la Constitución no le permite", dice el comunicado.
La reelección presidencial no está contemplada en la Constitución paraguaya, que establece un solo mandato de cinco años para los mandatarios sin posibilidad de continuar tras su etapa al frente del país.
Lugo interpreta que esa prohibición se refiere solamente a los presidentes en ejercicio, y ha declarado en varias ocasiones que serán las altas instancias judiciales las que se pronuncien sobre la legalidad de su candidatura.
La resolución del Partido Colorado se produce después de que su Convención del pasado sábado resolviera "impulsar las medidas políticas y los mecanismos constitucionales y legales" para habilitar la reelección del presidente del país.
Durante esa Convención, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, pidió a los diputados de la formación que rechazarán el proyecto para habilitar la reelección presidencial por la vía de la enmienda, que fue archivado cuatro días después por la Cámara baja.
Sin embargo, en el Partido Colorado cobra fuerza la posibilidad de activar la figura de la reelección presidencial a través de una reforma constitucional, un proceso más largo que el de la enmienda y que muchos analistas consideran que no podrá culminar en los plazos previstos.