La Paz, 24 abr (EFE).- El Parlamento boliviano habilitó a 64 de las 163 personas que se presentaron a la convocatoria para dirigir la Defensoría del Pueblo, de los que 30 son mujeres y 34 son hombres, según el listado publicado hoy en diarios locales.

Entre los aspirantes que continúan en carrera está el abogado Rogelio Mayta, conocido por el caso del llamado “octubre negro”, una revuelta social en contra de la decisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) de exportar gas boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno.

También figuran en el listado el exdiputado del desaparecido Movimiento Indígena Pachakuti Juan Gabriel Bautista, que estuvo en el Congreso entre 2002 y 2005; y el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos.

A partir de este lunes comienza la etapa de impugnación de candidaturas, que concluirá el próximo sábado 30, según explicó el senador oficialista Milton Barón, integrante de la comisión parlamentaria encargada de recibir las postulaciones, revisar el cumplimiento de requisitos y evaluar los méritos de los candidatos.

Las impugnaciones deben ser presentadas de manera escrita, con documentos y fundamentos, señaló Barón, según un comunicado de la Cámara de Senadores.

Tras la fase de impugnaciones, la comisión parlamentaria entrevistará a los postulantes habilitados, bajo parámetros que evalúen su capacidad profesional, formación y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

La comisión prevé presentar el próximo 7 de mayo un informe para que el pleno de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, elija al nuevo Defensor, ante la conclusión el 13 de mayo de la gestión de seis años del actual ombudsman, Rolando Villena.

Tras ser elegido en 2010 por la mayoría parlamentaria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Villena ha pasado de ser tachado de “oficialista” por la oposición a recibir duras críticas del Gobierno de Morales por cuestionar varias de sus políticas.

Villena ha denunciado, entre otras cuestiones, la violación de derechos de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia contra las mujeres y la infancia, y el retroceso “general” de la democracia y los derechos humanos en el país.

El Defensor del Pueblo criticó esta semana que “gente que tenía alta cualificación” para sucederle “ha sido desechada” porque no sabía una lengua indígena, un requisito legal supuestamente imprescindible para ocupar el cargo.

Villena consideró que en el proceso parlamentario para designar al nuevo titular de la Defensoría existe un “desproporcionado interés en el apego a la interpretación estrictamente legal”, un criterio que “queda subsumido cuando se está olvidando cuál es el propósito por el cual ha sido creada” la institución.

Según el funcionario, “detrás de esto hay una clara intencionalidad de restringir y de limitar” candidaturas para elegir a un ombudsman “funcional” al poder.