Río de Janeiro, 15 mar (EFE).- El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, afirmó este viernes que la recuperación de la mayor economía de Sudamérica, tras la grave recesión que sufrió en 2015 y 2016 no será fácil ni rápida, y que dependerá de la aprobación de las reformas impulsadas por el presidente Jair Bolsonaro.

"La recuperación no será fácil ni rápida porque fueron muchos años con una política económica que tenía una mentalidad diferente y donde se cometieron muchos errores", afirmó Guedes en un seminario económico en Río de Janeiro al referirse al gigantesco déficit fiscal acumulado en los trece años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y al total descontrol de los gastos públicos.

La economía de Brasil sufrió en 2015 y 2016 la mayor recesión en varias décadas, con una caída acumulada del PIB de cerca del 7 %, y su recuperación ha sido muy lenta, con un crecimiento del 1,1 % en 2017 y del mismo porcentaje en 2018.

Guedes afirmó que, para hacer frente a esa crisis, Bolsonaro presentó a consideración del Congreso una reforma al régimen de jubilaciones que busca sanear las cuentas públicas, cuyo enorme déficit es considerado como la mayor traba a la economía del país.

El ministro anticipó que el líder ultraderechista también presentará a consideración del Congreso un proyecto para reformar el pacto federativo por el que se dividen los ingresos públicos entre el Gobierno federal y los gobiernos regionales y municipales.

Afirmó que actualmente el Gobierno federal se queda con cerca del 65 % de la recaudación tributaria mientras que los regionales y los municipales tienen que distribuirse el 35 %, y que la intención de Bolsonaro, bajo su lema de campaña "menos Brasilia y más Brasil", es que las administraciones de los estados y de los municipios puedan recibir hasta el 70 % de la renta.

Según el ministro, esa reforma naturalmente tendrá el apoyo de todos los políticos del país porque permitirá que regiones y ciudades puedan quedarse, por ejemplo, con hasta el 70 % de los ingresos fiscales procedentes en los próximos 15 años por la explotación de petróleo en las ricas reservas del presal, que se calculan entre 500.000 millones de dólares y un billón de dólares.

Guedes explicó que la reforma del pacto federativo también pondrá fin a las imposiciones legales que actualmente obligan a los gobiernos a destinar el 96 % de sus recursos a áreas específicas, como salud, educación y la plantilla de empleados, por lo que tan solo tienen libertad para invertir el 4 % en lo que les interesa.

"La recuperación será mucho más rápida en cuanto más efectivas sean las medidas presentadas, aunque todo dependerá de la demora del Congreso en aprobar las reformas", aseguró.

El ministro dijo que el Gobierno prevé que la reforma de las jubilaciones podrá ser aprobada en el primer semestre de este año y la del pacto federativo en el segundo.

Según sus cálculos, la reforma a las jubilaciones cuenta con el respaldo ya declarado de 160 diputados mientras que otros 100 dicen que la apoyarán pero no públicamente para no contrariar a sus partidos, por lo que el Gobierno solo tiene que convencer a otros 50 legisladores para alcanzar los 308 votos necesarios.

Afirmó que la reforma al pacto federativo tendrá un respaldo mayor debido a que, por el actual déficit, el Gobierno no tiene mucho dinero para distribuir entre estados y municipios.

"Con la reforma habrá recursos para las diferentes administraciones, y los gobernadores y alcaldes tendrán capacidad operativa para administrar sus presupuestos, ya que los recursos no estarán ya predestinado para algunas áreas", dijo.

Según Guedes, la reforma al régimen de jubilaciones, que acabará con los privilegios en el país y obligará a los políticos a jubilarse con las mismas reglas que cualquier otro ciudadano, podrá generar un ahorro de un billón de reales (unos 263.157,9 millones de dólares) en los primeros años.

Aseguró que, si el Congreso modifica la reforma y no se alcanza ese ahorro, será necesario un ajuste más severo para garantizar el pago de las jubilaciones a las futuras generaciones.

"Si no tenemos coraje de aprobarla como está, condenaremos a nuestros hijos y nietos a caer en la trampa de un sistema de jubilaciones que va a quebrar", dijo.

Guedes explicó que, tras las jubilaciones y los intereses de deuda, el mayor gasto del Estado brasileño es con los salarios de los funcionarios públicos, y que el Gobierno Bolsonaro pretende digitalizar varios servicios para reducir el tamaño del Estado.

"Entre el 40 y el 50 % de los funcionarios del Gobierno federal se jubilarán en los próximos años y la intención no es sustituirlos sino digitalizar lo máximo posible", dijo.