La Paz, 24 oct (EFE).- El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, defendió hoy ante la Fiscalía su manejo del conflicto minero que el 25 de agosto derivó en el secuestro y el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

Romero declaró ante los fiscales durante más de cuatro horas sobre la actuación de la Policía y las decisiones tomadas durante el tiempo en que Illanes estuvo secuestrado tras intentar negociar con los mineros para que levantaran un bloqueo de carreteras.

En declaraciones a los medios tras su comparecencia, Romero defendió la decisión de no retirar los efectivos policiales de la zona cuando se tuvo conocimiento del secuestro, algo que fue criticado por el Defensor del Pueblo, David Tezanos.

“Tal vez lo que se puso en polémica en un momento es si la Policía debía replegarse en ese mismo instante que se toma conocimiento del secuestro de Illanes o no, y yo he respondido que no”, aseveró el ministro a los periodistas.

Argumentó que si se ordenaba el retiro de los agentes antidisturbios, algo que exigían los mineros que secuestraron a Illanes, hubiese significado dejarlo “totalmente desprotegido y desde ese mismo instante anular cualquier posibilidad de aplicar un plan de rescate”.

El funcionario añadió que, de acuerdo a informes policiales, aún falta por detener a cuatro personas más que supuestamente estarían implicadas en el secuestro y asesinato del viceministro.

En el conflicto entre mineros y el Gobierno, que tuvo lugar en agosto con motivo de una reforma que permite la sindicalización de los obreros de las cooperativas mineras, también murieron cuatro mineros por heridas de bala y uno por manipulación de explosivos.

El ministro también salió al paso de las críticas a la Policía, a la que se ha acusado recientemente de no cooperar lo suficiente en el esclarecimiento de las muertes de estos mineros durante los enfrentamientos con los agentes que desbloqueaban carreteras.

Apuntó que sus instrucciones son que cualquier agente o mando de la Policía preste declaración si le es requerida y que remitan toda documentación o informe solicitada por la Fiscalía.

Al mismo tiempo, Romero recordó que “muchas veces la responsabilidad de la Policía no es institucional, en materia penal es siempre individual”.

“Voy a pedir un informe si realmente hay obstaculización, pero no es, de ninguna manera, la intención obstaculizar ni complejizar la investigación de los cooperativistas que han fallecido”, remachó.

Hasta ahora, hay trece personas imputadas por las torturas y el asesinato a golpes del viceministro Illanes y ninguna por la muerte de los cinco mineros.