Lima, 10 abr (EFE).- La Federación Minera del Perú (FMP) ha convocado a una huelga nacional indefinida a partir del próximo 18 de mayo para exigir al Gobierno que haga respetar «los derechos de los trabajadores», informaron hoy sus representantes.
Según un comunicado publicado en su página oficial en Internet, el gremio minero exige la derogación de una ley que supuestamente favorece los ceses colectivos y de otra ley del sistema laboral de servicios temporales que se mantiene vigente.
Además, los mineros exigen el retiro del Congreso de un proyecto de ley «que pretende legalizar el despido masivo de los trabajadores» y de un bono laboral que permitiría a las patronales entregar en especie hasta el 20 % de las remuneraciones.
La FMP también exige una fiscalización y auditoría del fondo que regula el derecho de los trabajadores de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas.
El secretario general de la Federación Minera, Ricardo Juárez, declaró el jueves a la emisora RPP Noticias que los mineros no están contra las inversiones, pero pidió que los inversores «respeten los derechos de los trabajadores (a) seguridad y salud en el trabajo».
Juárez dijo que desde hace un año y medio piden dialogar con el Gobierno para mejorar aspectos puntuales de sus condiciones de trabajo, pero no han sido atendidos más que «de manera protocolaria».
«Estamos trabajando un año esta huelga, hemos agotado todas las instancias. Estamos convocando a todos los trabajadores a una huelga nacional, no estamos solos», afirmó el dirigente.
El dirigente señaló, sin embargo, que su gremio esta dispuesto a dialogar con el Gobierno para evitar que se concrete la huelga.
El anuncio de la FMP se produce en medio de las protestas que se presentan desde hace veinte días en la provincia sureña de Islay contra el proyecto cuprífero Tía María, de la Southern Copper, de capitales mexicanos.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió esta semana «una oportunidad» para este proyecto de explotación de cobre a tajo abierto, que se hará con una inversión de unos 1.200 millones de dólares, y dijo que ha sido aprobado con un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El proyecto estuvo paralizado durante dos años después de que las comunidades campesinas de Islay protagonizaran en 2011 una protesta que dejó 3 muertos y 44 heridos, y solo a inicios de este año el Gobierno entregó los permisos de construcción.