Brasilia, 3 dic (EFE).- El Gobierno brasileño defendió hoy una movilización de los ciudadanos contra la decisión del Congreso de abrir un proceso de juicio político con miras a la destitución de la presidenta del país, Dilma Rousseff.

El ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, pidió a la sociedad civil, partidaria o no de Rousseff, que salga a la calle a defender la “democracia”, después de que el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, decidiera promover un proceso a favor de la destitución de la jefa del Estado.

“No se trata sólo de los hinchas de Dilma, si no también de los hinchas de la institucionalidad y de la democracia”, subrayó Wagner en una rueda de prensa que ofreció tras la reunión que Rousseff tuvo con 23 de sus ministros en el Palacio Presidencial de Planalto para analizar la situación

En las redes sociales, algunos ciudadanos y movimientos sociales han comenzado a articularse para protestar el próximo sábado en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, contra el “golpismo, contra Cunha y a favor de la Democracia”.

Cuestionado sobre cómo la presidenta recibió la noticia sobre la posible apertura de un juicio político, Wagner afirmó que la mandataria “reacciona extremadamente bien cada vez que se pone un desafío delante de ella”, aunque se mostró “preocupada” por el país.

“Rousseff tiene mucha prisa” por resolver el proceso, sostuvo Wagner.

El ministro recalcó que el Gobierno va a “pelear por la democracia” y recordó que ha entrado con varias acciones ante la máxima corte del país para intentar frenar un proceso que pueda llevar a la destitución de la mandataria.

En este sentido, Wagner señaló que si el proceso sigue adelante el país entrará “en una democracia muy frágil”, aunque se mostró optimista y confió en que el Gobierno obtendrá “una victoria”.

“Nuestra decisión es hacer que el proceso sea lo más rápido posible, pero eso no significa que no podamos disputar en la Justicia nuestro derecho de defensa”, agregó.

En una rueda de prensa celebrada por la mañana, el ministro aseguró que la decisión de Cunha le permite al Gobierno trabajar sin sufrir amenazas ni chantajes, y demostrar que no hay nada que justifique las acusaciones.

“No podíamos seguir trabajando todo el tiempo con amenazas y chantajes de que le darían inicio al juicio político (contra la presidenta)”, dijo.