Lima, 2 may (EFE).- La canciller peruana, Ana María Sánchez, dijo hoy ante una comisión del Congreso que el Gobierno decidió que no era “conveniente” responder a las declaraciones del titular de la OEA, Luis Almagro, quien criticó el sistema de inhabilitaciones del país días antes de los comicios presidenciales del 10 de abril.

Antes de las elecciones, Almagro reclamó en su cuenta en Twitter “medidas para restablecer derechos de participación política de todos y evitar elecciones semidemocráticas” en Perú y consideró que el sistema de inhabilitación de candidatos que aplica el Jurado Nacional de Elecciones “no ofrece (las) garantías necesarias”,

Según un comunicado del parlamento, Sánchez explicó hoy ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que el Ejecutivo decidió que no era “conveniente” responder a Almagro, por considerar que sus opiniones eran a título personal y no un pronunciamiento oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las declaraciones de Almagro tuvieron lugar tras una reunión con el economista Julio Guzmán, cuya candidatura a la Presidencia fue excluida por las autoridades electorales del proceso debido a problemas en la democracia interna de su partido, Todos por el Perú.

El empresario César Acuña también fue excluido en marzo del proceso por haber repartido dinero durante su campaña, lo cual está prohibido por la ley electoral.

La legisladora opositora Lourdes Alcorta señaló hoy que no se podía guardar reserva ante las opiniones de Almagro, ya que eran de dominio público.

Mientras que la congresista fujimorista Luz Salgado consideró que las afirmaciones de Almagro fueron “ofensivas al país” y afirmó que la respuesta de la canciller era “poco feliz”.

Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta el próximo 5 de junio, tras ser los dos candidatos más votados en la primera ronda.

La canciller acudió al Congreso junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Gallardo, para responder a las críticas del legislador opositor Roberto Angulo a los convenios aéreos suscritos en 2007 y en 2011 con Chile.

Sánchez dijo que estos temas corresponden al sector Transportes y Comunicaciones, ante lo cual Gallardo precisó que se trata de un memorándum de entendimiento y no de un acuerdo de servicios aéreos.

Consideró que, en ese sentido, debería ser evaluado por las consecuencias que tiene para el desarrollo económico del país, al alentar el turismo y propiciar una mayor frecuencia de vuelos, entre otros fines.