Lima, 14 oct (EFE).- Tres ministros de Estado se presentaron hoy ante el pleno del Congreso de Perú para explicar las acciones llevadas a cabo para reanudar el clima de entendimiento con los pobladores de la región Apurímac (sur), que protestaron en septiembre contra el proyecto minero Las Bambas.

"Felizmente hemos logrado las bases para el entendimiento", declaró el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, en su intervención ante los legisladores.

"Es un momento para compartir información y llegar a los ciudadanos", agregó el ministro sobre los talleres informativos que el Gobierno llevará a cabo en varios distritos de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, sobre los cambios aprobados en el proyecto de extracción de cobre.

El yacimiento operado por la empresa china-australiana MMG está situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar entre las provincias de Cotabambas y Grau, y se convertirá en una de las minas de cobre más grandes del mundo una vez que alcance su nivel de producción plena en 2021 aproximadamente.

Pulgar Vidal explicó que "la actividad minera es compleja y requiere mucha información" y que "en su relación con lo ambiental, requiere explicación sobre las medidas que se adoptan para evitar los impactos" en las áreas de influencia.

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, informó que el proyecto Las Bambas se encuentra construido en un 98 % y que al entrar en operaciones generará 400.000 toneladas de cobre anual durante los primeros cinco años.

Ortiz agregó que su ejecución demandará una inversión de 10.000 millones de dólares.

La ministra afirmó que su sector informó a las autoridades locales sobre el cambio de ubicación de la planta de Molibdeno y que por desinformación se produjo la protesta de septiembre, que acabó con tres muertos, 24 heridos y 21 detenidos.

Ortiz recordó que en una mesa de diálogo se acordó reconocer y atender a los familiares de los fallecidos, levantar el estado de emergencia, dar atención a todos los heridos y realizar talleres informativos de los temas ambientales en los distritos de la zona.

En tanto, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó que en el enfrentamiento del pasado 28 de septiembre, en pleno paro de protesta contra Las Bambas, hubo 13 policías y 11 civiles heridos.

Al día siguiente, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la zona y el 30 de ese mes se suspendieron las medidas de fuerza, tras una reunión con una comisión de alto nivel del Gobierno.

Después de una reunión en Lima con las autoridades de Cotabambas, el pasado 6, se reanudó el diálogo en el distrito de Coyllurqui y se firmó un acta de entendimiento, donde se estableció el fin de la protesta y el inicio de los talleres informativos sobre el proyecto.

En 2013, la compañía MMG presentó al Gobierno una propuesta para modificar los términos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, que había sido previamente aprobado por las comunidades en las provincias de Cotabamabas y Grau.

El Ministerio de Energía y Minas aceptó el planteamiento de la empresa, con el argumento de que los daños no eran significativos, y no se informó a la población, aunque sí a sus autoridades locales.

Entre los cambios está la cancelación de un ducto de 206 kilómetros que debía transportar los minerales desde la provincia de Cotabambas hasta la vecina de Espinar, un traslado que ahora se realizará en camiones de gran tonelaje.

Otro cambio denunciado por los manifestantes es la instalación de una planta de filtrados y otra de molibdeno en el distrito de Challhuahuacho, donde se produjeron los violentos enfrentamientos en septiembre último.