Santiago de Chile, 16 may (EFE).- El Gobierno chileno advirtió hoy que no aumentará el monto del bono que ha ofrecido a los pescadores del archipiélago de Chiloé (sur) afectados por la marea roja para que depongan las protestas, y que ya ha sido aceptado por algunas comunidades.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, nombrado este fin de semana "ministro coordinador" por la presidenta Michelle Bachelet para afrontar el problema, señaló que a los pescadores que siguen movilizados se les ofrecerá el mismo bono de 750.000 pesos (unos 1.100 dólares) que han aceptado los trabajadores de otras zonas de Chiloé.
"Nosotros hemos sido muy responsables en nuestros planteamientos (...) Los propios pescadores artesanales que han logrado un acuerdo con el Gobierno han ratificado las propuestas que ha hecho el Ejecutivo en términos de lo que fue el aporte solidario y aquí vamos a actuar de forma muy responsable", dijo Céspedes a Radio Cooperativa.
El Gobierno llegó este domingo a un acuerdo con los pescadores artesanales de seis localidades del archipiélago y este lunes también depusieron las movilizaciones los pescadores de la zona de Maullín.
Las protestas y los bloqueos se mantienen en Ancud, Quemchi y Quellón, en la Isla de Chiloé, y Calbuco y Los Muermos en la zona continental.
Ancud es un punto estratégico porque es el puerto de entrada de los transbordadores que llegan al continente.
Los pescadores protestan desde hace dos semanas por la prohibición de extraer mariscos, la principal actividad económica del archipiélago, debido a las altas concentraciones de toxinas paralizantes detectadas en los invertebrados de la zona.
Las protestas se han convertido en un movimiento social que busca dar visibilidad al abandono y la falta de recursos que, según los habitantes del archipiélago, sufren por parte del Gobierno.
Una encuesta de la consultora Plaza Pública Cadem publicada hoy estableció que un 76 % de los chilenos aprueba la movilización de los pescadores en Chiloé, mientras que un 18 % desaprueba el movimiento social.
Pese a lo anterior, un 60 % rechaza los bloqueos y barricadas que impiden el ingreso o salida de la isla, situada a 1.200 kilómetros al sur de Santiago, en tanto que un 35 % aprueba dichas acciones.
