Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El Gobierno argentino negó hoy irregularidades en la importación de gas natural licuado, luego de que un juez allanara este viernes el Ministerio de Planificación y dos empresas petroleras en busca de documentación.

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, desmintió hoy a través de un comunicado cualquier “irregularidad o aspecto sospechoso” en las importaciones de gas licuado.

De Vido aseguró que todos los concursos para la compra de gas “se realizaron en forma pública, transparente y en el marco de las normas vigentes y tuvieron el objetivo claro de garantizar el suministro de gas” en Argentina.

El juez Claudio Bonadio, recientemente apartado de una causa que investigaba a la presidenta Cristina Fernández y a su familia, ordenó este viernes un operativo en las empresas YPF, controlada por el Estado argentino, y la estatal Energía Argentina (Enarsa) y en el Ministerio de Planificación, por un expediente sobre compra de gas licuado.

De Vido dijo hoy que Bonadio hizo “un requerimiento de información con intimación de allanamiento a través de la Policía Metropolitana”, cuerpo de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el candidato presidencial opositor, Mauricio Macri.

Según el ministro, la documentación solicitada por el juez “hubiera sido remitida sin necesidad de tal intimidación ni de dicha fuerza en un marco de sobreactuación”.

Para De Vido “resulta sugestivo” que los operativos se hayan realizado a casi un año de radicada la denuncia por parte de parlamentarios de oposición, ejecutándose “en la víspera electoral, sin que se haya solicitado antes ningún tipo de documentación al Ministerio por medio de oficios o pedidos de remisión de información”.

De Vido afirmó que “a partir del incremento explosivo de la demanda producto del modelo de crecimiento, desarrollo e inclusión iniciado en 2003, el Estado Nacional debió implementar un proceso de compras de gas natural licuado para garantizar el suministro de hogares e industrias y apuntalar el crecimiento de la economía, que fue completamente transparente, público y cristalino”.

“Este proceso de compras fue realizado hasta 2012 a través de Enarsa, empresa que debimos crear porque el Estado se había quedado sin injerencia en el sector, y luego en 2012 cuando la presidenta tomó la decisión de recuperar YPF resultó ser más conveniente que lo realizara la petrolera de bandera de todos los argentinos”, explicó De Vido.

Bonadio abrió una causa a partir de una denuncia de los diputados opositores Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, que pidieron investigar “si no constituye delito la manera en que la empresa estatal Enarsa adquirió gas licuado para proveer dicho fluido al sistema energético nacional”.

Los legisladores pidieron saber si hubo “dádivas o sobornos” en las negociaciones para la importación de gas, a partir de una entrevista brindada al diario La Nación por el exministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, impulsor de privatizaciones bajo el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

Dromi, que en la entrevista publicada en octubre de 2014 aseguraba ser asesor de De Vido, afirmó que los contratos “no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige a Enarsa” y que el modo en que Argentina está comprando el gas “no se ajusta a la legislación” local.