Buenos Aires, 8 jul (EFE).- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, defendió hoy las leyes recientemente aprobadas en el país que dan a los servicios de Inteligencia la competencia para investigar los ataques contra la economía, como las maniobras de desestabilización cambiaria.

"El empresario que no tiene nada que ver con las corridas cambiarias (operaciones para devaluar bruscamente el peso argentino) o bancarias o desestabilizaciones de mercado o cosas por el estilo no se tendría que preocupar por nada", sostuvo hoy el jefe de ministros durante su contacto diario con los medios, respecto a las críticas contra la nueva doctrina de Inteligencia.

El Gobierno de Cristina Fernández oficializó ayer la estructura y competencias que tendrán a partir de ahora los servicios de Inteligencia argentinos, después de que en marzo pasado se disolviera la polémica Secretaría de Inteligencia -cuya estructura se mantenía desde los tiempos de la última dictadura (1976-1983)- para crear la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La nueva doctrina de inteligencia da más poder de conducción al Ejecutivo y focaliza los esfuerzos en las amenazas de terrorismo, los atentados contra el orden constitucional, los delitos informáticos y la criminalidad organizada, que incluye los delitos económicos y financieros, como golpes contra la estabilidad de los mercados.

Ante las críticas por el enfoque económico que el Gobierno da a la AFI, el jefe de Gabinete recordó hoy que los ataques desestabilizadores contra la economía "han hecho mucho daño" al país en los últimos años.

Para el funcionario, es "imperioso que sean investigados y analizados" y más específicamente cuando sean "bancos, empresas o compañías financieras" las que generen movimientos "nocivos" para la gestión de gobierno.

"La AFI no se va a apartar de la Ley de Inteligencia (aprobada en marzo pasado) con lo cual, como no puede hacer inteligencia sobre particulares, no lo puede hacer. Lo podrá hacer cuando el Ministerio Público Fiscal, específicamente a través de un juez, tome la decisión de que se investigue", recalcó Aníbal Fernández.

"Lo que busca (la nueva doctrina) es terminar con el viejo concepto de que todos suponíamos que en algún momento éramos escuchados por alguien en nuestro teléfono, sino que específicamente cuando eso suceda será porque hay una orden judicial específica indicada al Ministerio Público Fiscal", agregó.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció el pasado enero la reforma de los servicios de Inteligencia argentinos tras el escándalo sobre la muerte, aún por resolver, del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Nisman colaboraba estrechamente con la Secretaría de Inteligencia en la investigación del atentado, que lo llevó a denunciar a la mandataria y a varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento a sospechosos iraníes, cuatro días antes de morir de un tiro en la sien en su domicilio.

La causa contra Fernández fue desestimada por la Justicia argentina por "inexistencia de delito".