Brasilia, 14 jul (EFE).- La defensa del senador y expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, cuyas residencias y oficinas fueron objeto hoy de un registro policial vinculado a la corrupción en Petrobras, repudió en “forma vehemente” esa operación y afirmó que siembra un “clima de terror y persecución”.

Las residencias del senador en Brasilia y en su estado natal de Alagoas, así como sus oficinas en el Parlamento y las de algunas empresas que pertenecen a su familia, fueron registradas hoy por la Policía Federal, que según informaciones preliminares incautó diversos documentos.

La operación policial también fue dirigida contra otros políticos sospechosos de participar en la red de corruptelas detectada en la petrolera estatal, que en su mayoría pertenecen a partidos de la coalición que respalda al Gobierno de Dilma Rousseff.

Según la nota divulgada por la defensa de Collor de Mello, las operaciones policiales son “invasivas, arbitrarias y flagrantemente innecesarias”, pues la investigación sobre Petrobras comenzó hace más de un año y el exmandatario “ni siquiera fue citado a declarar”, pese a que se ofreció para hacerlo.

“Medidas de esa naturaleza apenas avergüenzan al destinatario, alimentan un clima de terror y persecución y, con eso, intimidan a futuros testigos”, agrega.

Collor de Mello, del oficialista Partido Laborista Brasileño (PTB), gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció al cargo en medio de un sonado escándalo de corrupción.

Las operaciones realizadas hoy también apuntan contra el senador Ciro Nogueira y el diputado Eduardo da Fonte, así como al exministro de Ciudades Mario Negromonte, todos del también oficialista Partido Progresista (PP).

Asimismo, fueron revisadas las oficinas del senador y exministro de Integración Fernando Bezerra Coelho, del Partido Socialista Brasileño (PSB), que está en la oposición desde fines de 2013.

En todos los casos, se trata de dirigentes incluidos en una lista de medio de centenar de políticos investigados por las corruptelas en Petrobras, mediante las cuales, según se reflejó en los balances de la compañía, fueron desviados al menos 2.000 millones de dólares.

Por el asunto están detenidos una veintena de empresarios y algunos dirigentes políticos, como el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari.

Según la policía, las empresas privadas implicadas en el caso obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios y repartían las diferencias entre algunos directores de la petrolera y los políticos que amparaban esas irregularidades.