Buenos Aires, 14 sep (EFE).- La Cámara de Diputados argentina aprobó hoy por amplia mayoría la ley de acceso a la información pública, que obliga a los poderes del Estado a contestar pedidos de información de forma gratuita y en un plazo de 15 días, informaron fuentes parlamentarias.

Con 182 votos a favor y ninguna abstención, la Cámara baja confirmó la versión original del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del bloque oficialista Cambiemos, del Frente Renovador, del Frente para la Victoria y otras fuerzas minoritarias de la oposición.

Votaron en contra 16 diputados del Frente de Izquierda y del interbloque Progresistas que engloba al Gen, Libres del Sur y al Partido Socialista.

Así, tras la aprobación de esta ley, sin los cambios que había propuesto el Senado, los poderes públicos estarán obligados a contestar en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, las eventuales solicitudes de información que envíen los ciudadanos.

La ley contempla sanciones a los funcionarios que se opongan a este mandato.

Además de a los tres grandes poderes del Estado, la norma alcanza al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, al Consejo de la Magistratura y a las empresas con participación estatal.

También a partidos políticos, sindicatos, universidades y al Banco Central.

No obstante, el proyecto impulsado encierra algunas excepciones para la concesión de la información: se impedirá el acceso cuando los datos sean de carácter reservado, confidencial o secreto o cuando pongan en peligro "el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario", entre otros supuestos.

Por otra parte, la Cámara baja aprobó hoy también un proyecto de declaración en contra de la actividad en Argentina de Uber, la aplicación que permite contratar viajes en vehículos particulares a través del teléfono móvil.

El proyecto, que ve con malos ojos la forma de trabajar de la empresa en el país por la supuesta "falta de adecuación a las normas vigentes" sobre "seguridad, derechos laborales y protección de datos", fue impulsado por el bloque Justicialista y por el secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani.