Santiago de Chile, 10 may (EFE).- El conflicto social que se vive en el archipiélago chileno de Chiloé, contaminado por una marea roja, se mantiene inamovible y no se atisba una solución a corto plazo a pesar de los esfuerzos del Gobierno del país austral por destrabarlo.

"Seguiremos en las calles. No tenemos intención de retirarnos. No solo necesitamos dinero sino también poder seguir trabajando, contar con más pesquerías y que se adelanten proyectos que están estancados", dijo hoy a Efe la dirigente de los pescadores artesanales de la localidad de Quellón, Denisse Alvarado.

Esto después de que este lunes el Gobierno de Chile decidiera entregar un bono de 750.000 pesos (unos 1.119 dólares) repartidos en cuatro meses a pesar de no haber alcanzado un acuerdo con los pescadores artesanales, buzos y mariscadores afectados por la catástrofe medioambiental.

Según Alvarado, el objetivo de la entrega de los bonos solidarios es "dividir a los pescadores", una meta que al parecer de la dirigente "no van a conseguir" puesto que se trata de una "imposición" y no el resultado de un diálogo.

"No estamos vendiendo nuestra dignidad. Exigimos muchas otras medidas que no tienen que ver con la plata. Pedimos al Gobierno que se vuelva a sentar con nosotros", agregó.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, encargado de negociar con los pescadores, llamó hoy a los manifestantes a concentrarse en las demandas que están directamente relacionadas con la marea roja.

"Tiene que existir un límite en la negociación. No puede ser que cada vez que uno se siente a negociar haya nuevos puntos, eso tiene que estar muy claro", aseveró Céspedes en declaraciones a radio ADN.

Desde Suecia, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo un llamado a seguir dialogando y a que todo se haga "de una forma más constructiva".

"Espero que se resuelva de un modo pacífico", declaró Bachelet durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Stefan Löfven.

La sensación de abandono, la tardía reacción del Gobierno en tomar decisiones y la mala gestión del conflicto son las razones que según los alcaldes y dirigentes de la zona mantienen aún en pie de guerra a los habitantes de la isla.

"Nadie en ese momento estaba pidiendo un bono, fue el Gobierno que dijo que iba a entregar un bono, fue el Gobierno quien abrió la puerta también a decir que iban a hacer todo. Hay un muy mal manejo de esta situación desde un principio", dijo hoy el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, en declaraciones a radio Bío Bío.

En la misma línea se pronunció hoy la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno, quien se mostró preocupada por la situación de desabastecimiento que vive la provincia de Chiloé a causa de los bloqueos de los pescadores por la marea roja.

"No podemos sostener esto mucho más", dijo Moreno en declaraciones a los medios.

Desde el pasado lunes los habitantes del archipiélago han bloqueado las nueve carreteras principales de la isla y ha vetado la entrada y salida de personas y cargamento a través del canal que la une con el continente, lo que ha provocado graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos.

Con el objetivo de paliar la escasez, este martes, los dirigentes de los pescadores artesanales permitieron la entrada de catorce camiones llenos de alimentos a la Isla Grande de Chiloé, la principal del archipiélago, que hasta el momento permanecía totalmente aislada.

Las protestas se iniciaron la semana pasada después de que el Gobierno prohibiera extraer marisco, la principal actividad económica del archipiélago, por las altas concentraciones de toxinas paralizantes detectadas en los invertebrados.

El fenómeno causante de la contaminación es conocido como marea roja y se debe al florecimiento de una excesiva proliferación de microalgas con elevadas concentraciones de toxinas.

Una situación que los pescadores de la zona atribuyen al vertido de 4.000 toneladas de salmones muertos frente a las costas de Chiloé, no obstante, organizaciones ambientalistas como Greenpeace reconocen que es "muy difícil determinar" si existe una vinculación entre una cosa y la otra.

La organización, que se encuentra en el archipiélago para investigar el fenómeno, envió hoy un comunicado para exigir al Gobierno que aplique mayor transparencia informativa sobre lo que ocurre en las costas de Chiloé.