Brasilia, 17 jul (EFE).- Las ramificaciones del caso de corrupción en Petrobras, que han salpicado a 50 políticos, abrieron hoy una grieta en la coalición que sustenta a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con el paso a la oposición del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha.

Cunha anunció hoy su «ruptura» a título individual con el Gobierno, aunque pretende inducir a que le imiten sus correligionarios del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal socio de Rousseff.

El PMDB, que tiene la mayor bancada en el Parlamento, con 67 diputados y 17 senadores, además de seis ministros y la Vicepresidencia de Brasil, constató que la decisión de Cunha es «personal», aunque en los últimos días el partido ha escenificado un alejamiento del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.

El vicepresidente brasileño y presidente del PMDB, Michel Temer, anunció el pasado miércoles que el partido presentará un candidato propio a las elecciones de 2018, algo que no hace desde 1994.

Desde 2003 el PMDB ha formado parte de los gobiernos del PT, primero al lado de Luiz Inácio Lula da Silva y después de Rousseff, y anteriormente también apoyó a la gestión de Fernando Henrique Cardoso, que ahora está en la oposición.

El motivo que esgrimió Cunha para romper relaciones con el palacio de Planalto fue precisamente el caso de corrupción en Petrobras, por el que se le ha abierto una investigación bajo la sospecha de haber recibido sobornos con fondos procedentes de la petrolera estatal.

El diputado acusó al Gobierno de «orquestar» las investigaciones; de decidir de forma «selectiva» a quién se le abre una causa penal y de dirigir una «persecución política» contra él.

Según Cunha, la fiscalía ha protegido a Rousseff y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que, al igual que él, han sido citados por algunos delatores del caso Petrobras, y no ha abierto una causa judicial contra ellos.

La Presidencia de Brasil negó, por medio de un comunicado, cualquier interferencia en las investigaciones del escándalo de Petrobras y afirmó que siempre actuó «con total exención».

Del mismo modo, el Gobierno demandó a Cunha que su paso a la oposición «no se refleje» en sus funciones como presidente de la Cámara de los Diputados, que «deben guiarse por la imparcialidad y por la impersonalidad», según la nota.

Aunque forma parte del PMDB, partido de centro-derecha que acudió a las elecciones de 2010 y 2014 en coalición con Rousseff, Cunha ha creado numerosas dificultades al oficialismo desde que asumió la presidencia de la Cámara baja el pasado febrero.

El político ha defendido la independencia del Parlamento con respecto del Gobierno; ha tumbado algunas iniciativas legislativas que partieron del Ejecutivo y ha impulsado otras leyes de corte conservador que han causado fricciones con el PT, fuerza de centro-izquierda.

La ruptura con el Gobierno no afectará, según dijo Cunha, a la forma en la que tratará los pedidos de apertura de un juicio político contra Rousseff, con miras a la destitución de la mandataria, que están en su mesa.

El presidente de la Cámara de los Diputados tiene la prerrogativa de admitir a trámite o descartar este tipo de peticiones, que se han multiplicado desde el comienzo del segundo mandato de Rousseff, el pasado enero, debido a la crisis política y a las dificultades económicas que atraviesa Brasil.

Cunha aseguró que analizará esas peticiones, algunas de las cuales impulsadas por la oposición, de forma «institucional» y con «responsabilidad» y sin dejarse influir por su nuevo «posicionamiento político» como opositor.

Del mismo modo, el presidente de la Cámara baja aseguró que no tomará represalias o «medidas concretas» contra el Gobierno de Rousseff en la Cámara de los Diputados, que este viernes entró en un receso hasta el próximo 3 de agosto.

No obstante, en otra declaración a la prensa realizada el jueves, Cunha vaticinó que el segundo semestre será «más duro» para Rousseff en el Parlamento.