Brasilia, 11 dic (EFE).- Los brasileños favorables a un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff y los partidarios del Gobierno reforzaron hoy sus convocatorias para manifestaciones en las que, a partir del domingo, medirán sus fuerzas en las calles.
El primer movimiento en este ajedrez político que se jugará en las calles de Brasil lo ha dado la oposición, que a través de grupos que se dicen ajenos a los partidos políticos ha convocado a una "gran movilización nacional" para el próximo domingo.
"Será grande", pero no como las manifestaciones de abril o agosto pasados, cuando millones de personas tomaron las calles en protestas contra la corrupción y la crisis económica del país, declaró Julio Lins, portavoz del movimiento "Vem pra Rua" (Ven a la calle), uno de los organizadores de las manifestaciones.
Lins explicó a Efe que "no hubo tiempo" para difundir en forma adecuada la convocatoria, pues sólo se decidió realizar la protesta la semana pasada, después de que el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, aceptó iniciar los trámites para el juicio político con miras a la destitución de Rousseff.
Aún así, Lins dijo que ya se han confirmado manifestaciones en 90 ciudades de todo el país, incluidas Brasilia y todas las capitales regionales, y que hasta el domingo "es muy posible que se sumen muchas otras", lo cual le dará un carácter "realmente nacional" a las protestas.
Según Lins, el domingo será hecho solamente un "calentamiento" para una serie de movilizaciones que se convocarán desde enero, que "sí serán masivas" y le mostrarán "al Congreso lo que los brasileños quieren, que es la salida de este Gobierno".
El Movimiento Brasil Libre, otro de los convocantes, sostuvo en una nota divulgada hoy que "los indignados de Brasil volverán a la calle el domingo para expresar su voluntad de cambio" y "gritar que el fin de las canalladas comienza con la destitución de Rousseff".
También afirma que "la presidenta sólo será desalojada del cargo que ha deshonrado por la voz ronca de las calles" y la "fuerza de la resistencia democrática", que será "vista con lupa por diputados, senadores y magistrados del Tribunal Supremo".
Aunque el trámite para el inicio de un proceso con miras a la pérdida del mandato de Rousseff comenzó este martes en la Cámara baja, ese mismo día la Corte Suprema lo suspendió hasta el miércoles de la semana próxima, cuando analizará algunos procedimientos para el juicio que han sido puestos en duda por el oficialismo.
Ese mismo miércoles, mientras el Supremo analiza esas cuestiones, serán los movimientos afines al Gobierno los que tomarán la calle bajo la consigna "No al golpe", acuñada frente a la posibilidad de que la mandataria sea finalmente procesada.
Entre los organizadores de la jornada en "defensa del Gobierno legítimo y la democracia" está la Central Única de Trabajadores (CUT), la principal unión de sindicatos del país, cuyo presidente, Vagner Freitas, volvió a calificar hoy el proceso contra Rousseff de "golpe", pese a que está sustentado en la Constitución.
Según Freitas, "la lucha tiene que ser en el Parlamento y en el Poder Judicial, pero también con el pueblo en la calle", por lo que reafirmó que la CUT y otros movimientos sociales afines al Gobierno han declarado al próximo miércoles como "Día Nacional de Lucha contra el Golpe".
Una vez que el mismo miércoles el Supremo esclarezca la forma en que deberá realizarse el trámite, el proceso quedará en manos de una comisión especial de la Cámara de Diputados que analizará si las acusaciones contra la jefa de Estado tienen suficiente peso jurídico como para iniciar un juicio político.
El parecer de la comisión deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados, y en caso de que en esa instancia se decida avanzar hacia una posible destitución, Rousseff será separada del cargo por 180 días, que será el plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político.