Bogotá, 6 jul (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció hoy las malas condiciones en las que se encuentran muchos de los adolescentes de entre 14 y 18 años que están privados de su libertad en los centros para menores de edad.

En un informe elaborado por esta institución, la Defensoría alertó de que en los centros adscritos al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) “aún se evidencian síntomas de violación a los derechos fundamentales”.

En la presentación del documento, a la que asistió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se advirtieron las malas condiciones de salubridad de una “infraestructura deficiente” que acoge a los jóvenes que han cometido un hecho punible.

Otálora calificó el panorama de “aterrador” por la forma en la que se están atendiendo a los jóvenes en temas como “la alimentación, de castigos, de aislamiento en celdas con un prototipo de cárcel que está expresamente prohibido por la ley”.

La Defensoría también denunció el uso de “casas de vivienda como centros de detención, antiguas construcciones y celdas de castigo como mecanismo de aislamiento y sanción”.

El estudio se elaboró luego de haber realizado 260 entrevistas a jóvenes detenidos en 18 centros transitorios de detención de diferentes regiones de Colombia.

En las instalaciones de las ciudades de Cali, Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena, los funcionarios de la Defensoría reportaron “hacinamiento, falta de dotación para la resocialización y escasez de programas efectivos de formación académica, ocupacional y recreativa”.

La información añadió que “en algunos casos puntuales” se han producido “situaciones de maltrato durante la captura y estadía en el centro” por personal de la Fuerza Pública y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Esta institución recomienda suprimir las celdas de castigo, garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes y ofrecerles los suficientes mecanismos para su defensa ante los tribunales, a través de “acciones de política pública basadas en derechos de infancia y juventud”.

Actualmente, 12.500 jóvenes se encuentran dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), de los cuales 3.600 están detenidos, según datos de la Defensoría.