Bogotá, 18 abr (EFE).- Los Gobiernos de Cuba, Bolivia y Venezuela y la Unasur rechazaron hoy la decisión de la Cámara baja de Brasil de continuar el trámite para un proceso con fines de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, mientras la ONU y EE.UU. mostraron su confianza en las instituciones democráticas para resolver la crisis.

A través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó hoy la solidez de las instituciones democráticas de Brasil y confió en que "los actuales desafíos del país se resolverán a través de esas instituciones y de acuerdo con la Constitución".

Mientras el Gobierno estadounidense manifestó que está "siguiendo de cerca el proceso político en Brasil", pero declinó hacer alguna valoración sobre la posible salida del poder de Rousseff.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, Estados Unidos considera a las instituciones de Brasil lo "suficientemente maduras" para abordar la crisis desde un punto de vista "democrático" y "de acuerdo con la Constitución".

Entre las voces críticas, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, declaró que la decisión de continuar el proceso contra la mandataria "sin que haya existido indicio o discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo de seria preocupación para la región".

"Confiamos en que el Senado de la República actuando en conciencia como juez y después de evaluar la firmeza y pertinencia legal de las pruebas aportadas, detenga este proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica", añadió Samper.

Cuba también apoyó a Rousseff y señaló que este proceso es un "ataque basado en acusaciones sin pruebas ni fundamentos legales contra la democracia brasileña y contra la legitimidad de un Gobierno electo en las urnas por la mayoría del pueblo".

"Este golpe contra la democracia brasileña forma parte de la contraofensiva reaccionaria de la oligarquía y el imperialismo contra la integración latinoamericana y los procesos progresistas de la región", expresó la Cancillería cubana.

"¡Fuerza @dilmabr! Sentimos indignación por el juicio político. Esta batalla la ganará el pueblo. La verdad se impondrá siempre", dijo en Twitter el mandatario de Bolivia, Evo Morales.

"La derecha del continente desconoce la Soberanía Popular ¿qué pretenden desaparecernos? Alerta, alerta que Camina...", declaró en la misma red el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Rousseff está a un paso de enfrentar un juicio político con miras a su destitución, después de que la Cámara de Diputados decidiera el domingo por 367 votos frente a 137 que el proceso deberá proseguir en el Senado.

La primera fase del trámite concluirá en unos 20 días, cuando el pleno de la Cámara alta decidirá si instaura o no el juicio político.

Si se decanta por continuar el proceso, Rousseff será separada del cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para la celebración del juicio político.

La acusación se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Una mayoría calificada de la Cámara de Diputados coincidió en que esas maniobras suponen un "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas para destituir a un mandatario.

La presidenta ha negado esos señalamientos al tiempo que su defensa los califica de meras "faltas" administrativas que no bastan para una destitución, por lo que han repetido que Brasil está frente a "un golpe de Estado"

Para el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, el juicio político contra Rousseff "no pone en riesgo a la democracia" del país.

El Gobierno "no tiene más condiciones para gobernar", señaló hoy el exmandatario sobre la crisis al advertir que el país vive en "una democracia corroída" y "corrompida", fruto de un "presidencialismo de cooptación".

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sí consideró un "proceso de desestabilización democrática" la decisión de la Cámara de Diputados y remarcó que "si el golpe prospera", se sumará a "todas las organizaciones internacionales que exijan el cumplimiento de las cláusulas democráticas en los acuerdos y tratados de los que Brasil participa".