La Paz, 10 may (EFE).- El Parlamento de Bolivia investigará a las 95 empresas bolivianas que aparecen en los papeles de Panamá a petición del Gobierno de Evo Morales ante sospechas de que esas firmas fueron supuestamente creadas para evadir el pago de impuestos, anunció hoy el vicepresidente, Álvaro García Linera.
En una rueda de prensa, García Linera, que también preside el Legislativo, señaló que pedirá al Parlamento la conformación de una comisión para investigar a estas firmas, varias de ellas vinculadas, según la autoridad, con opositores.
Según el vicepresidente, "se trata de una línea continua de opositores políticos y empresarios que se han refugiado en los últimos 10 a 15 años en paraísos fiscales para hacer daño a la economía boliviana, para eludir el pago de impuestos".
"Vamos a armar una comisión de la Asamblea Legislativa para que investigue caso por caso. ¿Por qué tiene derecho la Asamblea de investigar? En tanto hay indicios de evasión del pago de impuestos a los bolivianos", sostuvo.
Indicó que quienes estén vinculados a estas empresas serán "convocados, investigados" y que cada caso se analizará para saber "hasta dónde avanzaron" para "eludir su responsabilidad económica frente al Estado boliviano".
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, filtró el pasado 3 de abril 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios.
Los llamados papeles de Panamá incluyen información de más de 214.000 empresas "offshore" (extraterritoriales) para supuestamente evadir el control fiscal en más de 200 países.
En abril pasado, la Fiscalía boliviana inició un proceso de investigación para recabar información sobre ciudadanos o empresas bolivianas que puedan estar involucrados en delitos de enriquecimiento ilícito.
El lunes se hicieron públicos en detalle los nombres de las 95 firmas bolivianas que figuran en los papeles de Panamá.
García Linera apuntó hoy sobre todo a empresas en las que aparecen como accionistas el opositor Branko Marinkovic y sus familiares, y personas supuestamente vinculadas al expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y al empresario Samuel Doria Medina.
Marinkovic, que hace unos años lideró el movimiento cívico y autonomista de la próspera región de Santa Cruz (este), huyó del país en 2009 después de que el Gobierno le acusara de ser parte de una supuesta trama terrorista para asesinar al presidente Morales y promover la secesión del país.
El vicepresidente también mencionó a supuestos actuales accionistas del periódico Página Siete, de La Paz, con el que el Ejecutivo tiene una relación tensa y al que ha acusado varias veces de estar alineado con intereses opositores.
El presidente del directorio de Página Siete, Raúl Garáfulic, ha aclarado que uno de los mencionados por García Linera, Juan Eduardo Olivo Gamarra, fue accionista del periódico en sus inicios pero luego vendió su participación.
Jorge Quiroga y Doria Medina rechazaron por separado las acusaciones de García Linera.
"Vice busca y busca, nada encuentra que nos incrimine, hoy usa Papeles de Panamá para volver a atacarnos", escribió Doria Medina en su cuenta en Twitter.
Quiroga señaló que García Linera "está desquiciado" y que las autoridades están nerviosas por los problemas que tienen que afrontar, entre ellos el caso de tráfico de influencias que involucra a una expareja del presidente.