La Paz, 7 oct (EFE).- El ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, confirmó hoy al Parlamento que hubo corrupción en la ahora quebrada Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) que en los últimos años inició varias obras de infraestructura con un crédito de China por 40 millones de dólares, pero no las concluyó.

El Parlamento aceptó el informe de Ferreira sobre cómo afrontó el caso de corrupción, lo que implica que continuará en su cargo, pero no le dio "el voto de confianza" que se estila cuando se aprueba un informe en una interpelación en el Legislativo.

Ferreira defendió las acciones iniciadas para investigar el caso y sancionar a los mandos militares supuestamente responsables del caso, y aseguró que no se encubrirá a los culpables de esos actos.

"Jamás vamos a encubrir a costa de nuestra responsabilidad. Eso sería imposible", dijo el ministro ante los parlamentarios.

La empresa del Ejército fue cerrada en 2015 tras tres años de trabajo en medio de supuestas irregularidades e incumplimientos en obras encargadas por el Gobierno y la petrolera estatal YPFB, lo que provocó demandas, insolvencia y su quiebra.

Sobre los 40 millones de dólares prestados por el Eximbank de China, Ferreira dijo que en principio se decidió que el Ejército pague ese crédito con sus terrenos, entre ellos el centro comercial más grande de La Paz, el Megacenter, que "está para la venta".

"Solamente con dos o tres de esos terrenos que pasan al Ministerio de Economía para su venta, va a pagarse (la deuda). Lo que el Gobierno no ha aceptado es que eso sea pagado por el Tesoro General de la Nación. Se le dio al sector de defensa una empresa, fracasó y ese sector debe asumir las consecuencias", dijo.

Reconoció que esa decisión causó problemas internos en las Fuerzas Armadas y agregó que ahora se analizan otras opciones para no perder estos terrenos, entre ellos, buscar una condonación de deuda de parte de China o que la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) compre esos bienes.

Dijo que varios jefes militares fueron imputados por los supuestos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, malversación y la mayoría están ya presos.

Agregó que no se ha tipificado el delito del daño económico al Estado porque todavía no se ha establecido a cuánto sube esa cifra, lo que solo será posible cuando concluya una auditoría en curso.

No obstante, el mes pasado la asesoría jurídica del ministerio dijo que la ECE llegó a tener bajo administración una suma de alrededor de 8,6 millones de dólares, pero no está claro si fueron recursos mal utilizados o alguien se apropió de los mismos.

Tras el informe del ministro, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Víctor Borda, aseguró a los medios que "evidentemente ha habido malos manejos" en la empresa del Ejército por los cuales hoy varios altos mandos se encuentran presos.

El legislador agregó que de momento no se puede considerar un daño económico al Estado porque "estos malos manejos se va a subrogar el Ejército", pero se creará una "nueva empresa con mejores mecanismos de fiscalización y control".