Santiago de Chile, 21 jul (EFE).- Las máximas autoridades del Congreso chileno presentaron hoy ante el país la primera cuenta pública de su gestión, marcada por una autocrítica generada en escándalos de corrupción y una paupérrima aprobación ciudadana.

«Muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros», admitió en su discurso el presidente del Senado, Patricio Walker, mientras su par de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, planteó reforzar el control de la ética parlamentaria y congelar las dietas.

La presidenta Michelle Bachelet encabezó las autoridades presentes en la ceremonia, concretada tras la promulgación, el pasado 13 de julio, de una ley que establece una cuenta pública anual de las autoridades del Legislativo, por primera vez desde que el prócer de la Independencia José Miguel Carrera creó el Congreso chileno el 4 de julio de 1811.

La citada ley surgió a propuesta del Gobierno, con el objetivo de legitimar la democracia, en el marco de una agenda de transparencia que ha impulsado Michelle Bachelet para superar la crisis de confianza y credibilidad ciudadana que afecta a las instituciones políticas chilenas.

Parlamentarios desaforados y llevados a juicio por mal uso de fondos públicos o por presuntos delitos de cohecho, y la financiación ilegal de campañas electorales son algunos de los hechos de corrupción que han quitado legitimidad a la política en Chile.

Escándalos que han alcanzado a la propia Bachelet, cuyo hijo, Sebastián Dávalos, aparece implicado junto a su esposa en un millonario negocio inmobiliario que es investigado por presunto uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Según el presidente del Senado, «es la hora de pasar de los lamentos a la acción» para recuperar el prestigio de la política, para lo cual dijo que la rama Legislativa «ha iniciado ya un proceso de revisión de sus procesos administrativos» y recalcó que «hay que aprovechar esta crisis de confianza como una oportunidad para hacer cambios importantes».

Núñez, en tanto, anunció «la pérdida del escaño o del cargo de representación popular» en los casos de mal uso de recursos públicos.

«La Cámara de Diputados espera confiada que en un año más estemos dando cuenta de los primeros resultados de esta larga senda que hemos iniciado», afirmó.