Bogotá, 6 abr (EFE).- La decisión del caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos comenzó este martes con la audiencia en la que un juzgado de Bogotá escuchará a la Fiscalía, a la Procuraduría y a las víctimas, entre otros, para definir si precluye o no el proceso.

El fiscal delegado Gabriel Jaimes pidió el pasado 5 de marzo no investigar al líder del partido gobernante Centro Democrático al considerar que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe".

El fiscal consideró que, tras valorar integralmente los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante la investigación, las conductas con las que se le vinculó a Uribe "no tienen la característica de delito".

En el caso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, Uribe tenía fuero y por lo tanto era investigado por la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado ordenó su detención domiciliaria, en la cual estuvo 67 días.

Sin embargo, el expresidente renunció a su cargo en agosto de 2020 argumentando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte, con lo que perdió su fuero de congresista.

Con la renuncia el caso dio un vuelco y el expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tiene más garantías.

PRIMEROS ALEGATOS

La jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, escuchó las exposiciones de las partes y las de dos abogados que pidieron que la médica Deyanira Gómez y el periodista Gonzalo Guillén fueran acreditados en el caso como víctimas.

Gómez fue esposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá y a quien supuestamente el abogado Diego Cadena, que hacía parte del equipo de Uribe, le ofreció ayudas si cambiaba las declaraciones que hizo contra el expresidente.

Guillén, según el abogado Roberto Rodríguez, pide ser incluido como víctima porque aparece mencionado en una declaración dada por Jaime Lombana (uno de los abogados de Uribe), en la que aseguró que "era una persona siniestra, trabaja a sueldo de Carlos Mattos (empresario procesado por corrupción)".

"Una mujer declaró en un proceso penal ante la Corte Suprema y sus intervenciones generaron que para el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe era ella el obstáculo para la retractación de Juan Guillermo Monsalve, esa apreciación de que ella era un peligro y su necesidad de ubicarla generan su exilio a un país diferente solo por decir la verdad", dijo el abogado Miguel del Río al pedir que se reconociera como víctima del proceso a la exesposa de Monsalve.

TRIPLE OPOSICIÓN

A la petición se opusieron la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe, al considerar que no cumple con los requisitos que exige la ley para esos fines.

Escuchados los alegatos, la jueza suspendió la audiencia para analizar los dicho por las partes y definir si otorga Gómez y a Guillén la calidad de víctimas.

La diligencia quedó fijada para el próximo viernes y, al igual que esta, se realizará de forma virtual por las restricciones de la pandemia del coronavirus.

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