Santiago de Chile, 6 may (EFE).- El ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, afirmó hoy que el Gobierno ampliará los mecanismos de fiscalización a las compras con dineros públicos, con el fin de “llevar adelante procesos transparentes”, a raíz de la investigación de un presunto fraude al interior del Ejército.

“Vamos a salir adelante con la verdad, con transparencia, con la entrega de los antecedentes y con controles que tenemos que establecer hacia el futuro”, señaló a los periodistas el ministro Gómez.

Asimismo, anunció que a partir del segundo semestre se empezarían a discutir las modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, normativa que entrega a las Fuerzas Armadas el 10 % de las ventas de la minera estatal Codelco para comprar armas y equipamiento.

Consultado por los controles del ministerio durante la gestión del excomandante en jefe de la institución Juan Miguel Fuente-Alba, acusado de enriquecimiento ilícito, la autoridad aclaró que desde que se presentó la denuncia de fraude al Ejército “se empezaron a tomar medidas de control distintas a las cuales ya existían” y que “se están solicitando los antecedentes del caso”.

Tras encabezar una junta ordinaria con los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el ministro José Antonio Gómez enfatizó que se han establecido todo tipo de controles y auditorías para poder entregar a la fiscalía la mayor cantidad de información posible.

Además, hizo un llamado a no crucificar a las Fuerzas Armadas, a raíz de los hechos que se están investigando, ya que existen “soldados, sargentos, cabos, tenientes, capitanes y generales que están hoy trabajando abierta y honestamente por el país”.

La Justicia chilena investiga desde hace algunos meses una gran operación de desvío de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Se indaga el desfalco de al menos cinco millones de dólares de las arcas públicas procedentes de la Ley Reservada del Cobre, que será modificada para ser “más transparente y con mayores fiscalizaciones”.