Sao Paulo, 30 jul (EFE).- La Fiscalía de Brasil anunció hoy la reapertura de la investigación por la muerte del periodista Vladimir Herzog, ocurrida en 1975 y atribuida al régimen militar de entonces, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Estado por no sancionar a sus responsables.

El Ministerio Público Federal de Sao Paulo informó de que reabrió la investigación después que el tribunal internacional calificara el 4 de julio pasado como un crimen contra la humanidad las torturas y el asesinato del periodista por parte de agentes de organismos de inteligencia de la dictadura.

«Este caso es atípico con relación a otros que involucran a muertos y desaparecidos porque hubo una investigación militar (en la época) para justificar lo que pasó», o sea, «fueron dejados rastros que facilitan el trabajo de la Fiscalía», afirmó el fiscal Sergio Suiama en una rueda de prensa en Sao Paulo.

La retomada de las investigaciones solo fue posible porque la sentencia de la CorteIDH clasificó los hechos como crímenes contra la humanidad, por lo que, en línea con las convenciones acordadas en el derecho internacional, se establece la suspensión de ciertas leyes -como las de prescripción o de amnistía- que podrían prevalecer en un determinado país.

«Se trata de una sentencia histórica pues la Corte consideró que el caso está enmarcado en un contexto sistemático y generalizado de ataques a la población civil por parte del régimen militar instaurado en Brasil a partir de 1964, lo que configura crímenes contra la humanidad», precisó la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Beatriz Affonso.

Por su parte, el fiscal Marlon Weichert manifestó que este será el cuarto intento de investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Herzog, ya que otras investigaciones llevadas a cabo fueron archivadas por ser contrarias a mecanismos jurídicos del país, como la Ley de Amnistía.

Dicha ley fue sancionada en agosto de 1979 por el general Joao Baptista Figueiredo, el último de los gobernantes de la dictadura militar, para permitir el regreso al país de los opositores que se exiliaron tras ser acusados de crímenes políticos, pero se extendió a agentes de órganos de represión igualmente acusados de diferentes delitos, entre ellos tortura, secuestro y asesinato.

En 2010, diversos movimientos sociales y políticos exigieron la anulación de la Ley de Amnistía, pero la Corte Suprema de Brasil refrendó la normativa.

Para el jurista Belisario dos Santos Júnior, la condena de la CorteIDH tiene «precedentes en los más diversos tribunales internacionales» y la «constante aparición de más y más pruebas» es un aviso de que «Brasil tendrá que entender la subida del tono» de la institución y «finalmente actuar».

«En caso de que Brasil no lo haga, otros países harán la justicia que este caso demanda», expresó Santos.

Finalmente, la viuda y el hijo del periodista, Clarice e Igor Herzog, reiteraron que una de las demandas que hicieron a la Corte fue «un pedido público de perdón» por parte del Estado.

«Estamos viviendo una situación muy difícil en el país y no podemos dejar que casos como este vuelvan a repetirse», enfatizó Clarice Herzog.

El caso se remonta al 24 de octubre de 1975, cuando Herzog se presentó voluntariamente a declarar ante las autoridades sobre sus vínculos con «comunistas» pero fue inmediatamente privado de la libertad, interrogado, torturado, y finalmente asesinado en un contexto sistemático y generalizado de represión a la población civil considerada como «opositora» a la dictadura, según la demanda.

El régimen militar alegó en la época que se trató de un suicidio, aunque el propio Estado brasileño reconoció años más tarde que no se trató de un suicidio en una declaración sin efectos en el ámbito criminal.