Sao Paulo, 10 ene (EFE).- El número de detenidos sospechosos de participar en la ola de ataques que vive desde que comenzó el año el estado brasileño de Ceará, en el noreste del país, aumentó a 287, informó hoy el Gobierno regional.

Los arrestos se produjeron en la capital regional, la turística Fortaleza, su región metropolitana y en varias otras ciudades del interior de ese estado, según señaló la Secretaría de Seguridad Pública.

Ceará sufre desde hace nueve días una grave crisis de seguridad provocada por decenas de actos vandálicos, en su mayoría incendiarios, contra vehículos, edificios públicos y establecimientos comerciales.

La ola de violencia, al parecer orquestada por facciones criminales que operan desde el interior de los presidios, obligó al presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ha prometido "mano dura" contra la delincuencia, a enviar a la región unos 300 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.

Un contingente que, días después, tuvo que aumentar en 200 agentes más ante la repetición de los ataques en distintos puntos de ese estado.

Además, este lunes, al menos 23 presos se fugaron de una cárcel situada a unos cien kilómetros de Fortaleza.

El Ejecutivo de Ceará trasladó en la víspera a un total de 20 presos, considerados peligrosos y acusados de liderar organizaciones criminales, a un cárcel de máxima seguridad administrada por el Gobierno central.

Los distintos cuerpos de la Policía "actúan incesantemente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos cearenses y la normalidad en el funcionamiento de los servicios públicos", indicó la Secretaría de Seguridad en la nota.

No obstante, los incidentes han continuado también durante la madrugada de este jueves.

Según medios locales, varios sospechosos incendiaron un autobús y cinco vehículos en una oficina en la localidad de Forquilha, mientras que en Fortaleza, otros detonaron un explosivo en un viaducto y atacaron un centro de asistencia social.

Las autoridades sospechan que los atentados han sido ordenados desde el interior de las cárceles de Ceará, cuyo sistema penitenciario está controlado por el crimen organizado, como ocurre en otras zonas del país.

De acuerdo con las investigaciones, los ataques comenzaron poco después de que el Gobierno de Ceará anunció medidas que pretenden endurecer los controles en los presidios y perseguir las actividades ilegales que coordinan los jefes de esas bandas desde el interior de las prisiones.