Buenos Aires, 24 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo este jueves que se avanza hacia la creación de una procuraduría que ponga en práctica en nuevo régimen decretado esta semana por el presidente Mauricio Macri para que el Estado recupere dinero y otros bienes relacionados con la corrupción y otros delitos graves.

“Hoy nos hemos comunicado con la Procuración General de la República, que está avanzando en la implementación de la procuraduría que establece el decreto”, dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano.

El pasado lunes, el presidente argentino, Mauricio Macri, firmó un decreto de “necesidad y urgencia” para que la Justicia recupere para el Estado el dinero y otros bienes que las “mafias” de la corrupción y del narcotráfico le han robado a los argentinos.

Macri alego que optaba por la firma de ese decreto debido a que un proyecto de ley de “extinción de dominio” impulsado por el oficialismo quedó estancado en el Parlamento por falta de acuerdo con los diversos sectores de la oposición.

El decreto ordena crear una procuraduría en el Ministerio Público Fiscal que será la encargada de solicitar al fuero Civil y Comercial de la Justicia que se de por extinguido el título de propiedad de un bien ligado a delitos graves bajo investigación de la Justicia penal.

Garavano dijo que hoy que la procuraduría “seguramente” se pondrá en marca al finalizar el receso judicial de enero.

“A partir de ahí, estimamos que a partir de marzo o abril empiecen a darse los primeros casos y estimamos una duración promedio para los casos de alrededor de un año”, indicó el ministro de Justicia.

Una vez iniciado el reclamo de la procuraduría, si el titular del bien bajo sospecha no puede justificar su propiedad, la Justicia civil sentenciara la denominada “extinción del dominio” y su pase a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

El mecanismo solo se aplicará sobre bienes bajo sospecha adquiridos en forma posterior a los hechos delictivos bajo investigación.

Hasta ahora, solo la Justicia penal podía determinar la expropiación de un bien adquirido como producto de delitos graves como la corrupción o el narcotráfico, pero esto luego de un largo proceso y con sentencias en firme.

Garavano destacó que el nuevo régimen permitirá “procesos sustancialmente más cortos”, frente a los de la Justicia penal que, sostuvo, demoran entre “cinco y hasta más de diez años”.

El decreto de necesidad y urgencia deberá ser sometido al visto bueno de una comisión especial de las dos cámaras del Congreso, aunque hasta que ello suceda, como afirmó hoy Garavano, “el decreto ya está operativo y funcionando”.

La medida de Macri ha sido rechazada por algunos sectores de la oposición y también por algunos expertos en Derecho que cuestionan su constitucionalidad.