Buenos Aires, 9 abr (EFE).- La Cámara de Diputados argentina, de mayoría oficialista, aprobó hoy la ley para nacionalizar la administración de los ferrocarriles en el país con el apoyo de parte de la oposición.
La iniciativa fue aprobada de madrugada con 223 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones y ahora pasará al Senado, donde se analizará y sancionará de forma definitiva.
Después de 13 horas de debate, la Cámara dio media sanción al proyecto de ley que fue enviado al Congreso en marzo por el poder Ejecutivo y anunciado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, durante la apertura de sesiones parlamentarias de este año, el pasado 1 de marzo.
El oficialismo contó con el apoyo de la mayoría del arco opositor, desde la Unión Cívica Radical (segunda fuerza parlamentaria), a la conservadora Propuesta Republicana (Pro), el socialismo, el Frente Renovador y la Coalición Cívica.
El proyecto fue rechazado por cuatro diputados de agrupaciones de izquierda y tuvo siete abstenciones.
La iniciativa prevé pasar a manos del Estado la administración del transporte de ferrocarril así como la gestión de sus sistemas de control de circulación con la creación de la empresa pública Ferrocarriles Argentinos.
La diputada María Eugenia Zamarreño, presidenta de la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, destacó que el espíritu del proyecto es «que el Estado nacional vuelva a asumir una potestad que le es propia pero que le fue entregada a los privados» con el «bochornoso proceso privatizador de la década de 1990».
En el cierre del debate, la presidenta del bloque del gobernante Frente para la Victoria, Juliana di Tullio, aseguró que el proyecto supondrá una «estatización total» del sistema ferroviario.
La recuperación por parte del Estado argentino de la gestión de los trenes se enmarca en la política que comenzó con la nacionalización de la línea Sarmiento, que conecta la capital con el oeste de la provincia de Buenos Aires, tras un grave accidente que dejó medio centenar de muertos en 2012.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo «deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes».