Natalia Kidd

Buenos Aires, 17 jul (EFE).- La relación entre el Gobierno argentino y el Poder Judicial ha vuelto a tensarse en el tramo final de la gestión la presidenta Cristina Fernández, cuyos negocios y los de su familia están en el ojo de esta tormenta judicial que truena y relampaguea en el escenario electoral.

La disputa entre el Ejecutivo que Fernández encabeza desde finales de 2007 y gran parte de los miembros del Poder Judicial no es nueva, pero se ha recalentado desde principios de este año, con los reclamos de magistrados y fiscales para que se esclarezca la muerte del procurador Alberto Nisman, hallado muerto pocos días después de denunciar a la presidenta por presunto encubrimiento de terroristas.

Ya entonces, a partir de la denuncia de Nisman, que investigaba el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires contra la mutualista judía AMIA, el Gobierno aseguró que se trataba de «una estrategia de desestabilización política» y de «golpismo judicial».

El conflicto escaló en junio, cuando el gobernante Frente para la Victoria impuso su mayoría en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de fiscalizar la actividad de los magistrados, para no renovar al juez suplente Luis María Cabral en su cargo en la sala I de la Cámara de Casación y reemplazarlo por un abogado considerado próximo al oficialismo.

La sala que integraba Cabral tiene entre manos entre otros importantes casos el análisis de la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento firmado en 2013 por Argentina e Irán para intentar esclarecer el ataque a la AMIA, que dejó 85 muertos.

El desplazamiento de Cabral fue el motivo de una marcha que tuvo lugar hace diez días, convocada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, en apoyo al fiscal, en la que se multiplicaron los rechazos a los manejos que afectan la independencia del Poder Judicial.

Allí, el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Ricardo Recondo, denunció que hay un «intento de copamiento político de la Justicia» y el Poder Ejecutivo pretende imponer un «modelo de inestabilidad de los magistrados» para «tener jueces manifiestamente adeptos».

El trasfondo de esta acusación es una polémica «ley de subrogancias» (suplencias) por la que el Ejecutivo ha designado jueces y fiscales en forma interina, sin someter esos nombramientos al acuerdo del Senado.

La norma fue eje la semana pasada de una reunión de los titulares de las 26 cámaras federales de Argentina con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al que se le pidió que se ponga un freno al avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Según datos de la consultora Nueva Mayoría, el 60 % de los jueces en funciones han sido designados en los 12 años de gobierno del kirchnerismo.

Con el uso intenso de la «ley de subrogancias» podría llegar al 80% antes del 10 de diciembre de este año, cuando Cristina Fernández concluya su segundo mandato de Gobierno.

La normativa dio lugar esta semana de dos fallos contrapuestos, uno a favor de su constitucionalidad y otro en contra, un intríngulis que se encamina a terminar en manos del Supremo.

El más reciente capítulo en el enfrentamiento de la Justicia y el Gobierno comenzó a escribirse el lunes pasado, cuando el juez Claudio Bonadio, que investigaba presuntas irregularidades administrativas en Hotesur, firma gestora de un hotel de lujo del cual Cristina Fernández es accionista, ordenó varios operativos en la sureña provincia de Santa Cruz, mientras la mandataria estaba allí.

El juez, que entre otros sitios allanó la inmobiliaria del hijo de Fernández, Máximo Kirchner, finalmente fue apartado este jueves de la causa por la sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires y reemplazado por Daniel Rafecas, el magistrado que desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández.

La decisión de apartar a Bonadio desató una andanada de críticas por parte de la oposición, que asegura que Fernández busca, cuando le restan cinco meses para abandonar el poder, desarmar una causa que afecta a sus intereses particulares.

El caso tiene una fuerte incidencia política, no sólo por salpicar a Cristina Fernández, sino además porque dos candidatos opositores a las presidenciales de octubre están involucrados en el enredo judicial.

Se trata de la postulante por la fuerza de centroizquierda Gen, la diputada Margarita Stolbizer, que con sus denuncias dio origen a la causa Hotesur, y del candidato por la conservadora Propuesta Republicana y alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, que quedó involucrado en la polémica porque Bonadio utilizó la Policía Metropolitana de la capital para los operativos del lunes en la lejana Santa Cruz.