Brasilia, 15 abr (EFE).- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien hoy se reunirá con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, manifestó su preocupación con la "credibilidad" de quienes decidirán si será sometida a un juicio con miras a su destitución.

"Preocupado con (la) credibilidad de algunos de aquellos que juzgarán y decidirán el proceso" contra Rousseff, escribió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuenta en la red social Twitter.

También apuntó que Rousseff "está siendo juzgada de una forma diferente: ella no es acusada de ningún crimen".

El excanciller uruguayo respaldó así la posición del Gobierno, que califica el proceso contra la mandataria de "golpe" y niega que haya cometido algún "delito de responsabilidad", como se definen en la Constitución brasileña las causas que pueden llevar a destituir a un mandatario.

Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que eso fue hecho dentro del marco legal, aunque ha admitido que esas maniobras pudieran haber constituido alguna "falta" administrativa, que la Constitución no castiga con una destitución.

Almagro será recibido hoy por Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al mismo tiempo que en la vecina sede del Parlamento el pleno de la Cámara de Diputados celebra la primera de tres sesiones en las que definirá si el proceso avanza a la instancia definitiva del Senado.

La votación será el próximo domingo y, en caso de que una mayoría de 342 votos de los 513 posibles se incline en favor del proceso, la palabra pasará al Senado, que decidirá si se da curso al juicio político.

En ese caso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período la reemplazaría el vicepresidente Michel Temer, quien ha roto sus relaciones con la mandataria y lidera el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que apoya la destitución.

El trámite ha sido retomado después de que la Corte Suprema rechazara, en la madrugada de hoy, una demanda presentada por la Abogacía General del Estado, que pedía anular parte del proceso por supuestos "vicios procesales".